El Gobierno concedió ayer, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el indulto a la joven Emilia Soria, la madre que realizó varias compras con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle, hechos por los que fue condenada por un juzgado de Valencia a la pena de un año y 10 meses de prisión y por los que, en 12 días, debía ingresar en el establecimiento penitenciario.
El Ejecutivo conmuta la pena de cárcel pendiente de cumplir por Emilia Soria por otra de 30 días de trabajos sociales en beneficio de la comunidad, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del Real Decreto. La resolución se produce tras contar con informes favorables por parte de la sala sentenciadora y del Ministerio fiscal.
Para su propuesta de indulto, el Ministerio de Justicia ha tenido en cuenta que se trataba de la primera condena de la joven y que no ha vuelto a reincidir. Además, el estudio social elaborado señaló que su ingreso en prisión constituiría un grave perjuicio para su entorno, que los hechos fueron cometidos hace seis años, las circunstancias familiares de la joven con tres hijos a su cuidado y que se encuentra en una situación económica comprometida.
Paralelamente a esta decisión, el pasado jueves, el juzgado de lo Penal número 13 de Valencia se había pronunciado sobre este caso y había acordado la suspensión de la ejecución del cumplimiento del castigo de prisión en base a la petición de indulto. En concreto, acordaba suspender la condena en tanto se tramita el expediente de perdón, y en todo caso por el plazo máximo de un año.
De esta forma, el magistrado de Valencia estimó el recurso de reforma interpuesto por el abogado de Emilia contra el auto de fecha 9 de enero de 2013, por el que se denegó la suspensión de la ejecución de las penas durante la tramitación de la resolución. En este escrito, el letrado aludía al artículo 4.4 del Código Penal, que recoge que se aplicará la suspensión cuando de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de la petición de indulto «pudiera resultar ilusoria».
Por su parte, la familia de Emilia consiguió recoger más de 166.000 firmas para que no acabara en la cárcel.
Con 22 AÑOS
Y es que la jóven defendió, en declaraciones a los medios, que utilizó la tarjeta que se encontró en la calle, «unicamente», para comprar comida y pañales para sus pequeñas cuando «solo contaba con 22 años».
Por este motivo, el magistrado condenó a la joven como responsable de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y de un delito continuado de estafa. Ahora, se le ha declarado suspensa la pena.
