La Guardia Civil incautó un total de cuarenta y cinco toneladas de atún congelado en las provincias de Alicante, Cartagena (Murcia), A Coruña y Barcelona.
La operación ‘ATUNALI’ contra el fraude en el comercio de atún congelado se saldó por el momento con cuatro personas investigadas —de entre 49 y 59 años—, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental. Se enfrentan a penas de uno a cuatro años de prisión, así como a posibles sanciones administrativas.
La operación, que cuenta con la colaboración de INTERPOL y EUROPOL, se inició el pasado mes de enero por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Alicante. En una primera inspección, la Guardia Civil inmoviliza 10 toneladas de atún de la especie atún patudo —thunnus obesus— por no disponer de la trazabilidad necesaria para su comercialización.
Durante una inspección posterior, la Guardia Civil localiza en otro establecimiento mayorista varios lotes de atún congelado de aleta amarilla —thunus albacares—, sin certificar su origen ni el sistema empleado para su congelación. Los agentes comprobaron que esta empresa troceaba los atunes, y posteriormente los distribuía como pescado descongelado o elaborado con aditivos.
Tras numerosas pesquisas, la Guardia Civil averigua el origen del pescado, que se situaba en el océano Atlántico. El Seprona, con la ayuda de la Red Europea de Fraude Alimentario de la Comisión Europea, pudo determinar que los barcos utilizados no disponían de un sistema de congelado por inmersión en salmuera adaptado a la nueva legislación. Y es que para poder comercializarlo para el consumo humano, el pescado debe ser congelado a temperaturas inferiores a -18ºC.
Estos barcos, dedicados a abastecer a empresas conserveras, destinaban el sobrante de las capturas al mercado clandestino. Varias distribuidoras compraban este atún a un precio por debajo del valor para capturas frescas. Igualmente, participaron en el fraude otras tres empresas así como de tres armadores de los buques de captura, de nacionalidad francesa, salvadoreña y panameña. El fraude se consumaba cuando este pescado destinado a conserva se ponía a la venta.
