La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ha imputado a los responsables de ocho talleres mecánicos de la Comunidad de Madrid por realizar operaciones de retirada del Filtro Antipartículas de Vehículos (FAP), para evitar repararlo, y modificar su software para encubrirla reforma y evitar así ser multados por la modificación.
Según explican desde la Dirección General de la Policía, el objetivo de esta práctica era ahorrarse el coste de reparar la pieza (cobraban a sus clientes entre 100 y 200 euros, en lugar de los 1.200 euros que cuesta habitualmente reparar el FAP), al tiempo que se obtenía un incremento de potencia del vehículo con la implementación de piezas.
Sin embargo, la consecuencia de la retirada del FAP es que el vehículo expulse los gases del motor directamente al exterior (sin pasar por el filtro) de una manera masiva, provocando así un “grave perjuicio al medio ambiente”, según indican.
“Con la reprogramación del software de la centralita conseguían que las emisiones nocivas fueran indetectables en las ITV, e incluso por los propios servicios oficiales de las marcas, detalla la Policía en un comunicado compartido con los medios de comunicación. Todas estas alteraciones se ofertaban abiertamente en Internet e incluso en algunos casos en los mismos establecimientos en que se llevaba a cabo.
Sin embargo, la práctica fue detectada gracias a la denuncia de un cliente ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid tras tener conocimiento del servicio. A partir de esa denuncia, las pesquisas llevadas a cabo detectaron que algunos de los establecimientos estaban especializados únicamente en la manipulación del software de los vehículos, mientras que remitían a otros talleres para la perforación o retirada del FAP, estableciendo una relación directa entre los que cometían la alteración del programa con los que cambiaban la pieza en cuestión.
Además, estos establecimientos recibían peticiones de talleres de diferentes puntos de España, por lo que la Policía recabó datos de otros 80 talleres en otras comunidades en los que podría estar llevándose a cabo esta práctica, según indicó el cuerpo, y que serán puestos bajo investigación.
