El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tendrá que comparecer hoy, en sede judicial para responder por una demanda por delito leve de coacciones durante el proceso de primarias en el que fue elegido candidato de Cs a los comicios autonómicos en lugar de la expresidenta de las Cortes Silvia Clemente.
El político de la formación naranja se sentará en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 5 en un juicio de faltas previsto para las 12.00 horas y en el que deberá explicar el incidente registrado el pasado mes de marzo cuando, supuestamente, mantuvo un intercambio de palabras en plena calle con el también miembro de la misma formación Borja Collantes, integrante de la Junta Directiva de la Agrupación Local y responsable de Redes.
El propio Igea, como así explicó entonces al comparecer públicamente para dar cuenta de lo ocurrido, sostiene que lo que mantuvo con el demandante fue una discusión “propia del proceso”, sin que en momento alguno mostrara arrepentimiento de lo que hizo “por defender la integridad” de su partido y “la voluntad de los votantes” de Cs. “Advertí de que no toleraría que se hiciesen trampas”, recalcó.
La denuncia se tramitó, de acuerdo con las explicaciones de Igea, después de conocerse el resultado definitivo de las primarias, en las que éste fue declarado vencedor tras conocerse unas irregularidades en los votos que en primera instancia habían hecho ganadora a Clemente.
Asimismo, el vicepresidente de la Junta enmarcó la cuestión en su “vida privada” y defendió que “no afecta” a su responsabilidad como consejero. “Será el Juzgado el que determine si es constitutivo de delito o no”, concluyó Igea.
Aunque el caso llegó a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dada la condición de aforado del demandado, finalmente el Alto Tribunal castellanoleonés declaró su falta de competencia y trasladó las diligencias al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital vallisoletana.
Jurisprudencia
En concreto, la resolución del TSJCyL se basó en principios establecidos en la jurisprudencia de aplicación en un supuesto de aforado que resulta denunciado por un supuesto delito leve (antigua falta) de coacciones en la que se atribuye la competencia para enjuiciar, pese a estar aforado, como ocurre con Igea, al Juzgado de Instrucción, correspondiente al lugar de comisión de la infracción.
Los estatutos de Cs, en el artículo 12 sobre infracciones disciplinarias, del capítulo II de régimen disciplinario, tipifican como infracciones muy graves, entre otras, la agresión física, el insulto, la amenaza, coacción, el acoso o la vejación a cualquier afiliado o trabajador del partido, con sanciones aparejadas que van desde la suspensión de la condición de afiliado de dos hasta cuatro años, la pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando, inhabilitación para cargo orgánico del partido por el plazo de dos hasta cuatro años e incluso la expulsión.
