O, también: ¿queda mucho para el 2030? Porque alguien debería responsabilizarse de la aplicación coordinada y efectiva en estos pagos del contenido de la dichosa Agenda, en la que se vienen fundamentando alguna de las polémicas actuaciones practicadas últimamente por las administraciones públicas. La última y más reciente, puede que sea el derribo por la Confederación Hidrográfica del Duero de la presa sobre el río Cega, entre Veganzones y Cabezuela.
La Agenda 2030, es ese documento plausible y bien intencionado surgido en el seno de la ONU en el año 2015, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible que permita mejorar el bienestar social de las personas y que garantice la conservación medioambiental del planeta, que en teoría, suscribieron casi todos los países de la Tierra (193 en concreto), pero que a la hora de llevar a la práctica las recomendaciones contenidas en los 17 puntos en que se clasificaban dichas medidas, me temo que no todos se lo estén tomando tan en serio como se está haciendo en el marco de la Unión Europea. Desconozco si en el resto del planeta se están llevando las cosas tan a rajatabla como aquí. De momento, Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo se desmarcó desde un principio y, en este tema, si no jugamos en equipo y corremos todos en la misma dirección, va a resultar un tanto difícil alcanzar los objetivos marcados, especialmente por lo que hace referencia a la conservación del espacio ecológico común que compartimos en este lugar privilegiado de nuestra galaxia.
De momento, aquí, en España, ya estamos soportando con resignación algunas de las consecuencias de la aplicación del contenido de la Agenda, que, a la larga, seguramente redundará en beneficio de todos, pero que de entrada y entre otras cuestiones de menor importancia, nos ha traído la subida desproporcionada de las tasas de basuras; las limitaciones de acceso con vehículos a los centros urbanos de las ciudades; la competencia, puede que desleal, de nuestros mercados agroalimentarios; etc. Los productos que nos amenazan con venir de MERCOSUR, a través del reciente acuerdo con la UE: ¿habrán sido elaborados con las mismas garantías medio ambientales y con los mismos requisitos exigidos a nuestros agricultores y que han encarecido los precios de producción? Permítanme que me acoja al beneficio de la duda.
Lo que no me produce duda alguna, es la descoordinación que se manifiesta en el ejercicio de la acción política por parte del gobierno de la nación, que a veces llega a resultar tristemente paradójica. Como muestra, traigo a colación lo que ha ocurrido con la presa de Puente Mesa, de rabiosa actualidad, desmontada por la CHD con nocturnidad y puede que también con alevosía y que suele responder a las actuaciones habituales que vienen desarrollando las Confederaciones Hidrográficas, en su empeño por devolver la absoluta libertad al cauce de los ríos, aprisionados, según ellos, entre acequias y demás instalaciones hidráulicas, la mayoría de cierta importancia histórica. Más valiera que se preocuparan igual de limpiar estos cauces de la maleza que periódicamente se acumula en los mismos y que suele estar en el origen de inundaciones y desbordamientos en épocas de incremento del caudal. No conviene olvidar para lo que luego se dirá, que todos estos organismos de cuenca, dependen de la administración central, concretamente del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que, como administraciones públicas que son, les alcanza también la obligación de conservar el patrimonio cultural al que seguidamente aludiremos. Cuanto menos, atentar deliberadamente contra él.
Del mismo gobierno de la nación forma parte igualmente el ministerio de Cultura, que se ha empeñado en contradecir al departamento ministerial encargado de la ecología en España. Al menos, eso se desprende del contenido de la Resolución de 4 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes (BOE de 13 de septiembre), por la que se incoa expediente de declaración de “Los sistemas históricos y tradicionales de regadío”, como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Dicha disposición asienta su marco normativo en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda de este tipo de patrimonio. En la exposición de motivos de la reciente y, recalco lo de reciente, resolución, se puede leer lo siguiente: “Los sistemas históricos y tradicionales de regadío son creaciones colectivas fruto de la evolución social y ecológica indisociable en los socio-ecosistemas a través de los siglos. Se trata de sistemas de organización social donde la comunidad portadora establece unas formas de gobernanza y de gestión del agua adaptada a la morfología, la funcionalidad y el conocimiento aprendido y transmitido por relaciones de parentesco, que garantiza la propia reproducción social inmersa en el paisaje”. ¡Chúpate esa! Me van a perdonar, pero el redactor de este texto parece que tenía en la cabeza la realidad de la histórica Cacera de San Lorenzo, que se está salvando del ataque de la CHD por el pelo de una gamba.
No me digan que no resulta de una tristeza infinita, que mientras en un ministerio se pretende realizar un censo de instalaciones hidráulicas históricas, con el fin de protegerlas y conservarlas; desde otro distinto, pero del mismo gobierno, se las busque para destruirlas. ¡Venga, a ver quién gana! Lo dicho: ¿no hay nadie ahí que se encargue de coordinar estas y otras cosas parecidas?
