El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, respaldó ayer en el Pleno de las Cortes la puesta en marcha de comisiones de investigación siempre que se haga con “sentido común y racionalidad” y con el fin de “controlar y dar luz” a la acción de Gobierno.
Herrera respondió así a la pregunta planteada por el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, quien lamentó que la última comisión de investigación que se creó en las Cortes data de 1997. “Nuestra formación considera que cualquier elemento de control empleado con racionalidad o sentido común debe contar con el respaldo unánime de todos los representantes de los ciudadanos”, señaló Fuentes.
Ante esta argumentación, el presidente recordó que el PP no se ha opuesto a que se cree una comisión de investigación sobre la adjudicación de parque eólicos, tras lo que manifestó que la Junta no tiene “nada que decir” sobre esta figura, sino que su labor debe limitarse a “estar a la altura de sus responsabilidades y obligaciones”.
No obstante, el portavoz de C’s reclamó que desde el Gobierno regional no se ejerza una labor de “obstruccionismo” y mantenga una política de “abrir ventanas y puertas” para esclarecer los casos.
En este punto de su intervención, Fuentes manifestó su “voluntad” de que las comisiones de investigación sean presididas por el grupo proponente para garantizar “un funcionamiento transparente”. “Todos al reglamento y bajo el reglamento”, aseguró Herrera, quien concluyó que la Junta “acatará y cumplirá las disposiciones de la Cámara”.
Herrera habló también de otros temas de actualidad como la situación de las brigadas forestales y consideró “fundamental” la firma de un convenio colectivo para las empresas del sector que trabajan en el operativo contra incendios de la Comunidad y de las que dependen unos 1.000 empleados, un asunto en el que el Gobierno autonómico está “insistiendo y defendiendo”.
En este sentido, aseguró que la Junta exigirá garantías para mejorar las condiciones laborales de esos trabajadores y aprovechó la ocasión para defender el modelo “público-privado” por el que apostó Castilla y León en el diseño de un operativo contra incendios en el que trabajan 4.129 profesionales de los que la mitad son personal laboral o funcionarios, un cuarto empleados de otras administraciones o de Tragsa y el otro cuarto de empresas privadas.
Herrera aseguró ser consciente de que en ocasiones puede haber demasiadas contratas si bien defendió que este sistema también favorece a pequeñas empresas y a cooperativas pegadas al territorio.
Sin embargo, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, recomendó al presidente que siga la filosofía comunista que pasa por poner los votos a trabajar.
