El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentó ayer la eficacia del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, aunque apoyó que se pueda revisar y completar con medidas en el ámbito nacional, frente a modelos de «muy dudosa eficacia», en referencia a la expropiación de uso temporal de viviendas acordado por el Gobierno andaluz.
En el pleno de las Cortes, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), preguntó a Herrera si está satisfecho con las medidas adoptadas por la Junta y si cree que resuelven la «indefensión» de los afectados ante la «legislación implacable de la banca». González calificó de «parche» el servicio puesto en marcha por la Comunidad y dejó en la Cámara el modelo andaluz como un paso que va más allá para resolver el problema.
González dio la bienvenida a un «parche» porque consideró que permite que la rueda de la bicicleta gire y llegue a pueblos, pero estimó que no puede subir puertos de montaña, por ello acogió el modelo andaluz para evitar los desahucios. En casi cinco meses de rodaje, el servicio de la Junta ha atendido a 685 familias, ha ayudado a 217 a elaborar planes económicos, ha trasladado a 275 a otros servicios y ha concluido 283 procesos hipotecarios, de ellos el 90% con acuerdo para las familias en la línea de dación en pago
Con este relato de acciones, Herrera se mostró satisfecho, aunque se ofreció a revisar, dar la información pedida por el procurador y completar el balance presentado, del que recordó que es provisional. Aunque valoró los buenos resultados, apeló a la prudencia y pidió a González que «no se apresure a vender las excelencias de un modelo que ha creado mucho ruido pero de muy dudosa eficacia».
Así, recordó que el conjunto de las autonomías han expresado el respeto al decreto andaluz pero no han asumido su contenido y abogó por la reforma de normas, como la hipotecaria. Herrera, que calificó de preventivo el servicio puesto en marcha por la Junta, subrayó que la dación en pago es una medida pero no resuelve el problema porque los afectados necesitan una vivienda con un alquiler social.
Defendió la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo en materia de desahucios, afirmó que en ese asunto no se pueden «mover como elefante en cacharrería» e insistió en pedir al procurador sensatez y prudencia antes de dar todo el apoyo a una «medida ideológica y de muy dudosa eficacia».
Por su parte, González manifestó que el desahucio provoca un problema social y económico a toda una familia e insistió en pedir medidas decisivas, y añadió que antes de ser procurador ya pidió la mediación de la Junta con la banca para que familias no tuvieran que vivir en la «indignidad».
Luego, la viceportavoz socialista, Ana Redondo, denunció que durante 2012 se produjeron cuatro desalojos al día y los bancos se quedaron con 1.709 viviendas de ciudadanos de la Comunidad, a la vez que en lo que va de 2013 hay en los juzgados más de 500 procesos de desahucio abiertos. Por eso, instó a la Junta a que ponga en marcha medidas excepcionales como, por ejemplo, la anunciada por Andalucía porque el PSOE, dijo, defiende los mismos derechos para los castellanos y leoneses que para los andaluces.
Sin embargo, la consejera de Familia, Milagros Marcos, aseguró que la Junta pone a disposición de los ciudadanos todas las medidas de las que dispone y en las que tiene capacidad para actuar ante una situación de riesgo de desahucio.
Para Redondo, la oficina de Intermediación puesta en marcha por la Junta se basa en aconsejar a las familias una redistribución de su presupuesto. «Una situación excepcional requiere medidas excepcionales», subrayó la socialista, quien rogó a la Junta que utilice su voluntad política para «rescatar a los ciudadanos que viven una situación injusta».
La consejera, después de remontarse a la política del anterior Gobierno y al denominado ‘Plan Chacón’, aseguró que desde su departamento se seguirá trabajando para intentar resolver este asunto pero «sin demagogia, con hechos y con consenso de todos».
