El presidente del PP autonómico y de la Junta, Juan Vicente Herrera, advirtió ayer de que el modelo de ordenación territorial planteado por su Gobierno y que ha comprometido llevar a las Cortes antes de que termine el año es «rabiosa y radicalmente municipalista», y alertó de que la unión voluntaria en mancomunidades de interés comunitario es la forma de prever que por el momento actual y por «imperativo de ley desaparezcan cientos de ayuntamientos».
Herrera lanzó este mensaje durante el Comité Ejecutivo del PP de Castilla y León donde, ante las diferencias que ha motivado la propuesta de la Junta, recalcó que el instrumento que ofrecen a los ayuntamientos preserva el mapa actual, la autonomía municipal, garantiza la calidad de los servicios en las ciudades y pueblos y refuerza las diputaciones en su apoyo a pequeños pueblos. «Es la venda antes de recibir la pedrada» de la desaparición, resumió.
En su propuesta dio un paso más para abordar también la financiación de los ayuntamientos ante «la inquietud» de los alcaldes por la caída de recursos y la falta de un modelo estable. El presidente habló de una cooperación económica que se plasmará en un Pacto Territorial, que sustituirá al Pacto Local, de las competencias impropias y condicionadas que ejercen los consistorios y de la participación de los ayuntamientos en los ingresos propios de la Comunidad.
Unos días después de que analizará con los presidentes provinciales el modelo territorial, Herrera defendió las ventajas de la asociación de municipios, en la que recalcó que primará la voluntariedad de los ayuntamientos, y garantizó el mantenimiento del mapa municipal actual, aunque sí anunció una línea económica preferente para quien se mancomune para la gestión de servicios.
Ante las dificultades que han surgido en torno al modelo propuesto por la Junta, Herrera sostuvo que las mancomunidades de interés comunitario -nombre que sustituye al inicial de distritos- están previstas en la ley autonómica de 1998, son legales y van a coincidir con el mapa de servicios.
El presidente recordó la «endeblez» del mapa municipal de la Comunidad, donde prima la extensión, dispersión, baja población y envejecimiento, e insistió en que la mejor manera de preservar los servicios en el territorio y prestarlos con calidad es esa agrupación voluntaria. Así, recordó la obligación de cumplimiento del déficit y la estabilidad como principios legales y estimó que si no se camina por ahí, puede ocurrir que por las circunstancias y a «capón se supriman cientos de ayuntamientos».
Herrera mantuvo que el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio se llevará a las Cortes antes de que termine el año, aunque explicó que la Junta esperará a la aprobación de la reforma de la ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno de Rajoy prevé para octubre o noviembre. No obstante, precisó que si no fuera así la Junta enviaría su proyecto al Parlamento en la fecha marcada con los mecanismos de adaptación. Lo que sí dejó claro es que ambos proyectos, el de l Gobierno autonómico y el de España, son coherentes y compatibles.
«No hay ninguna justificación legal o política» para paralizar el proceso de ordenación territorial, aseguró el presidente, para quien existe una «decisión, una voluntad y un compromiso». Así, del proyecto que se enviará a las Cortes precisó que la Junta ejercerá sus competencias exclusivas en la ordenación y los servicios públicos, donde añadió que no hará «locuras», y en el apartado de gobierno en el territorio se primarán las mancomunidades de interés comunitario y se potenciará el papel de las diputaciones en su apoyo a pequeños municipios.
