El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió ayer la necesidad de centrar las políticas de empleo en función de un criterio fundamental para destinar los recursos en función del número de parados en cada localidad y en cada circunscripción y concentrar los esfuerzos donde la situación sea más grave aunque con un mecanismo corrector de techo máximo y suelo mínimo en este caso.
De este modo respondió Herrera al procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quien acusó a Herrera de no ser un gran padre para las provincias de León y de Zamora y de no querer igual a todos sus hijos. “O es que han tenido mala suerte en los logros en materia de empleo”, ha ironizado.
“Quíteme todos los argumentos que lo estoy deseando”, retó Santos a Herrera, quien aclaró que no se trataría de quitar argumentos a nadie para recordar que a León llegó el AVE antes que a Burgos, como le reprocharon estos días en su tierra, según confesó. Del mismo modo, destacó algunas infraestructuras como el polígono de Cubillos del Sil o el Parque Tecnológico de León donde acudirá próximamente para firmar un acuerdo con Microsoft en materia de ciberseguridad, materia en la que se está especializando precisamente la capital leonesa.
Finalmente, recordó que el nuevo plan de empleo destinado precisamente a los municipios mineros por lo que insistió en que la Junta sería “sensible” a las dificultades específicas de estas provincias en concreto.
Por otro lado el presidente de la Junta de Castilla y León defendió un trabajo “constante, coherente y efectivo” del Gobierno autonómico en apoyo a las familias en riesgo de desahucio y aseguró que el sistema que para tal fin se habría creado para apoyar a 3.937 familias, con la solución en la “práctica totalidad” de los casos. El jefe del Ejecutivo autonómico se expresó así en el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, en relación al servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio en este caso.
Fernández destacó la importancia de ese problema y acusó a Herrera y a su Gobierno de incumplir el Estatuto de Autonomía al no propiciar el acceso a una vivienda digna, “por más que quieran maquillar las cifras que utilizan a su conveniencia”, recalcó.
Así, afirmó que lo dijeron el Consejo Económico y Social (CES) o el Procurador del Común, pero además señaló que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en 509.000 personas en la Comunidad las que están en riesgo de exclusión social, “una quinta parte” de los ciudadanos que se encuentran en una “dramática situación” que les impide acceder a una vivienda digna.
Pablo Fernández aseguró asimismo que habría una pérdida de confianza y culpó a las políticas “neoliberales” del PP de esta situación, por lo que pidió que se pongan en marcha todas las medidas y recursos necesarios para que la gente pueda acceder a una vivienda en este sentido.
El procurador de Podemos, quien afirmó que le gustaría ver a Herrera en los barrios “más deprimidos” de la Comunidad “palpando” la realidad, tras lo que recordó que el CES cifraría en 2.600 y 2.670 los lanzamientos llevados a cabo en Castilla y León en 2013 y 2014 y en 778 en lo que va de año, cuando hay 300.000 viviendas vacías.
El procurador acusó en este caso al Ejecutivo de ser “cicatero” en materia de política contra los desahucios y pidió a Herrera que se “mire al espejo” y “cambie las gafas por otras que le permitan palpar la realidad”. Frente a ello, Herrera criticó a Fernández por “sobreactuar” y le pidió que fuera más concreto al hablar de desahucios en lugar de referirse a todo lo referido a vivienda, ya que a su juicio casi habría tratado de convertir una pregunta en una interpelación en esta materia.
En este contexto, señaló otro dato del INE referido a las 184 ejecuciones hipotecarias a personas físicas que se han registrado en el segundo trimestre de 2015, un dato que reprochó a Fernández que no haya dado. En este sentido el presidente de la Junta de Castilla y León continuó con el alegato de defensa de las políticas del Partido Popular en la comunidad autónoma de Castilla y León.
