El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cargó ayer contra las personas que han aprovechado su presencia en la política para «hacerse inmensamente ricas» y afirmó que esas prácticas corruptas llenan de «oprobio y minan» a quienes ejercen la causa pública.
Herrera aprovechó su intervención en la apertura del X Congreso Regional de Comisiones Obreras para manifestarse por primera vez sobre el caso Bárcenas, aunque sin hacer una mención expresa al extesorero del PP, que conforme a la investigación de la Audiencia Nacional ha llegado a tener 22 millones de euros en cuentas suizas.
El presidente de la Junta habló de la crisis económica, en el marco del cónclave de una organización social, pero también de la institucional y del «escándalo del enriquecimiento deleznable de algunas personas que han aprovechado su presencia política para hacerse inmensa y escandalosamente ricas».
«Nos llenan de oprobio a todos los que ejercemos la causa pública», aseguró Herrera, para quien esos casos de corrupción «están minando también» a las personas que se dedican a la actividad pública de forma honrada y a todas las organizaciones.
Por otra parte, Juan Vicente Herrera sostuvo, tras reconocer que los datos sobre desempleo son «malos», que «cuando un tsunami se repite, las estructuras más sólidas se acaban resquebrajando», por lo que pidió «caminar juntos» a los sindicatos para «sortear» las dificultades del momento.
En ese sentido, el presidente de la Junta calificó de «tormenta perfecta» la situación de crisis, que a su juicio ha afectado a la esfera política, social, económica e institucional. Por ello, indicó que incluso los sectores con «más resistencia» están sufriendo sus efectos, que consideró «dramáticos», sobre todo, en términos de empleo.
Herrera señaló que la solución pasa por Europa, aunque señaló que es la pieza «más perezosa» en dar respuestas a la crisis económicas, sin tener en cuenta los esfuerzos de la sociedad española por «apretarse el cinturón». También, reconoció la «contestación» que generan algunas medidas adoptadas por la Junta y sostuvo que a él no le gustan. Aunque son «impopulares» y contrarias al programa electoral, dijo, se han adoptado con «equidad y justicia».
Otra de las cuestiones que perjudica la recuperación económica es el «avance de iniciativas antihistóricas, perturbadoras y retardatorias» en Cataluña, una comunidad de «referencia», donde se impulsa un proyecto «secesionista».
Asimismo, el presidente expresó su «respeto» al trabajo que realizan las organizaciones sindicales y defendió el «sindicalismo moderno», que definió como «útil, crítico y constructivo». «Hoy se abre camino la necesidad de grandes acuerdos», sostuvo Herrera, quien hizo un llamamiento a los sindicatos para «abrir cauces» e impulsar la colaboración.
Por ello, Herrera destacó que en Castilla y León los agentes sociales y económicos y las administraciones ha tendido «puentes» para «sortear las dificultades económicas y servir a los ciudadanos». «Es un tesoro que debemos preservar», dijo el presidente, quien señaló que sindicatos y Junta coinciden en la «preocupación» por la situación actual.
Toxo reclama al Gobierno una renta mínima garantizada
El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, advirtió ayer al Gobierno de España que no hay «ninguna luz visible al final del túnel, si acaso la del tren que viene de frente». Por ello, pidió a Rajoy que acepte el fracaso de la reforma laboral, ya que se ha incrementado la destrucción de empleo, y le avanzó que la actividad económica se contraerá tres veces más de lo que figura en los presupuestos.
En ese sentido, Toxo señaló que las dos últimas reformas laborales han acelerado la destrucción de empleo y negó que las empresas estén utilizando la flexibilidad interna para adaptarse al momento actual y mejorar su competitividad.
También, defendió las políticas sociales, ya que precisó que los países con un mayor estado del bienestar están soportando mejor la crisis y señaló que los sistemas de protección están saltando por las «costuras» por lo que pidió una renta mínima garantizada, sobre todo, para el colectivo de personas de 25 a 45 años, con responsabilidades familiares.
