El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, alertó ayer de una «ola de opinión» y de quienes pretenden revisar las bases profundas del Estado del Bienestar mediante la impugnación y deslegitimación del modelo autonómico, y reafirmó que se trata de un logro de los españoles en el que «no se puede dar un paso atrás y hay que defender con uñas y dientes».
Herrera aprovechó la toma de posesión de los tres nuevos consejeros del Consejo Consultivo de Castilla y León para lanzar de nuevo un mensaje de defensa del Estado de las Autonomías, ante quienes culpan a las comunidades del aumento del déficit público. En lo que calificó como un «estado de ánimo» ante los representantes de las instituciones políticas de la Comunidad, el presidente tildó de «grave peligro» el estado de opinión que trata de «desacreditar y deslegitimar» a las autonomías, y mantuvo que el modelo que arranca de la Constitución de 1978 es la «historia de un éxito», pero añadió que algunos quieren convertirla en la «historia de un fracaso».
En su reflexión, también en tono de denuncia de lo que «hay detrás», Herrera recordó que el Estado de las autonomías se ligó al Estado del bienestar y apostó por no «poner en cuestión algo que los españoles nos hemos dado, hemos conquistado y nos pertenece». El presidente, que admitió que existen aspectos del modelo autonómico que se pueden revisar, advirtió de que ello lleve a dar una «marcha atrás» en los grandes servicios públicos.
Así, rechazó opiniones relativas a que España daría «una mejor respuesta a la crisis» sin la existencia de las comunidades autónomas, y observó un «peligro» en el sentido de que se pueda considerar que sin las autonomías los ciudadanos a través de los impuestos e instituciones tendrían que hacer un «esfuerzo económico inferior» para mantener una sanidad, educación y servicios sociales de calidad.
Herrera apostó por que el modelo autonómico y social se defienda con «uñas y dientes» como un logro de los españoles, y reafirmó el autonomismo útil, leal, integral y cooperativo que sigue en Castilla y León, si bien reconoció que se pueda mejorar la gestión, aunque también apuntó al «grave problema» de resolver la financiación estructural de los servicios públicos para evitar recurrir al endeudamiento como método ordinario para su sostenibilidad.
En su discurso, el presidente abogó por que el Consejo Consultivo, en la nueva etapa que inicia ahora con menos consejeros y más competencias, profundice en la labor consultiva para que exista un «mejor gobierno» por parte de todas las instituciones que requieren los dictámenes y para que desde la cercanía se lleve al ánimo de los ciudadanos la utilidad y la aportación práctica de esta institución de autogobierno de la Comunidad recogida en el Estatuto de Autonomía.
Además, como «institución de servicio a los ciudadanos», consideró que desde su constitución en 2002 ha cumplido las expectativas y ha realizado un servicio cotidiano de «gota a gota» en la resolución de conflictos. No eludió que en un momento de dificultad se ha reducido -en aras de la austeridad- el número de cinco a tres consejeros y con más competencias, como el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Herrera tuvo palabras para todas las personas que han pasado estos años por el Consultivo, como María José Salgueiro -primera presidenta-, Manuel Estella, Jesús Quijano, Antonio Pérez, Javier Fernández y los expresidentes de la Junta Demetrio Madrid y José Constantino Nalda –éste todavía consejero nato-. «Han hecho un buen y espléndido servicio», resumió. Elogió el presidente a los dos nuevos consejeros, Fernando Rey y Ángel Velasco, que entran en la institución, donde se mantiene Mario Amilivia como presidente. Del primero resaltó su «sabiduría, autoridad y bonhomía y su compromiso de viejo leonés y castellano viejo», y del segundo su preparación técnica y jurídica y su experiencia en el mundo del municipalismo. Rey y Velasco prometieron el cargo mientras que Amilivia utilizó la fórmula del juramento, arropados por autoridades como el delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano; la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, y los representantes de los grupos, Carlos Fernández Carriedo (PP), Ana Redondo (PSOE), y José María González y Alejandro Valderas, ambos del Grupo Mixto. También estuvieron Pedro Martín, presidente saliente del Consejo de Cuentas; Javier Amoedo, Procurador del Común, y José Luis Diez Hoces, presidente del Consejo Económico y Social, así como el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
