El relajamiento del objetivo de déficit permitirá a la Junta de Castilla y León solicitar nuevos préstamos este año por importe de 277,8 millones para reducir el impacto de los recortes en los servicios básico de la Comunidad. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue el encargado de anunciarlo en respuesta al portavoz socialista, Óscar López, en el Pleno de las Cortes celebrado ayer. El detalle de cada partida se concretará en un proyecto de ley de crédito extraordinario que previsiblemente se aprobará dentro de una semana en Consejo de Gobierno, antes de llegar al Parlamento autonómico.
Las consejerías beneficiadas con la nueva ampliación del crédito serán Sanidad, donde se destinarán cien millones más (el 36 por ciento); Familia y Educación asumirán otros 83 millones (un 30 por ciento del total), al igual que Fomento y Medio Ambiente; y los diez millones restantes (cuatro por ciento) se destinarán a políticas activas de empleo, según reveló ayer el presidente de la Junta.
Su respuesta no se quedó en los grandes números y dentro de cada área detalló los programas a los que se destinará el nuevo margen de déficit, del 0,7 al 1,27 por ciento. De este modo, Herrera desmontó la estrategia de los procuradores socialistas que, poco esperanzados en conseguir una respuesta concreta del presidente, tenían preparada una batería de preguntas a cada consejero para tratar de sacar algo en claro. El interrogatorio al equipo de Gobierno se materializó igualmente pero no lograron arrancar mucho más de lo que ya había avanzado el jefe del Ejecutivo.
Dentro de Sanidad, los 100 millones de euros se repartirán en la reapertura de las urgencias nocturnas de los 17 municipios, el plan de choque para frenar el aumento de las listas de espera, nuevas inversiones en modernización de equipamiento de los hospitales de la comunidad y financiar el sobrecoste de medicamentos para tratamientos del cáncer.
En el caso de la Consejería de Familia, la nueva financiación se destinará a aumentar la dotación de la renta garantizada de ciudadanía acordada con el Consejo de Diálogo Social y a mejorar los servicios profesionales de atención a la dependencia. Por su parte, en Educación, se destinará a becas y ayudas de comedor, los programas Madrugadores y Tardes en el Cole, el funcionamiento de centros públicos y reforzar el profesorado de formación profesional ante el aumento del alumnado.
Otro 30 por ciento, que equivale a unos 83 millones de euros, irá a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente donde se emplearán por una parte a la labores de lucha contra incendios y al mantenimiento y reparación de carreteras, de cara a la campaña invernal.
Por último, las políticas activas de empleo contarán con diez millones de euros adicionales dirigidos a parados que han agotado las prestaciones de desempleo. Herrera recordó que esta cantidad se suma a los 60 millones presupuestados inicialmente y a los 30 comprometidos dentro del pacto alcanzado con el PSOE en el Debate sobre el Estado de la Región.
Óscar López no tuvo la oportunidad de decir si le parecía bien o mal el destino de este dinero pues el presidente de la Junta se guardó la respuesta y los detalles para el turno de dúplica, cuando el portavoz socialista ya había agotado su turno de palabra.
Antes, López había insistido en la necesidad de que el nuevo margen de déficit se destinase a «paliar la gravedad de los recortes, profundamente ideológicos, aplicados durante los dos últimos años» y mostró la reapertura de las urgencias como «ejemplo a seguir».
Algunos de los procuradores socialistas que insistieron en sus preguntas sobre el destino del déficit por áreas se mostraron, como Mercedes Martín, «prudentemente esperanzados» con la línea del anuncio de Herrera, y aprovecharon sus intervenciones para criticar los recortes aplicados hasta ahora en Educación, Sanidad, Servicios Sociales o Economía y Empleo.
Mientras tanto, todos los consejeros en sus respuestas incluyeron las informaciones que ya había anticipado Juan Vicente Herrera e insistieron en que nadie olvide que la ampliación del crédito supondrá más endeudamiento, que «ha sido posible gracias que hubo una posición de comunidad para solicitarlo y que Castilla y León cumplió con el objetivo del año pasado.
