La recuperación económica, la sostenibilidad de los servicios públicos a través de una reforma del modelo de financiación y la modernización del modelo territorial fueron las tres prioridades que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, expuso ayer a Mariano Rajoy en su primer encuentro en el Palacio de La Moncloa, plasmadas en un documento de trabajo de diez folios que entregó al presidente del Gobierno.
En concreto, en el documento el Gobierno regional pide al Estado que tome como un «problema del Sistema Nacional de Salud» la deuda sanitaria que «afecta de forma importante a todas las comunidades» y asuma el liderazgo para corregir esta situación, a través de «una revisión en profundidad del modelo de financiación autonómica». La reforma debe contemplar «una financiación estable y suficiente de los servicios esenciales que evite recurrir de manera sistemática a recursos extraordinarios como la deuda pública para atender gastos ordinarios».
Sin embargo, a la salida de la reunión, el presidente de la Junta de Castilla y León se mostró de acuerdo con Rajoy en que existen problemas más acuciantes que la revisión del modelo autonómico. «Rajoy ha sido claro, hoy la prioridad es la economía; el momento en que crecieran los ingresos públicos sería el de plantearse muy seriamente esa exigencia», apuntó el presidente de la Junta respecto a su demanda.
No obstante, Herrera defiende que las competencias ligadas a los servicios públicos esenciales permanezcan en manos de las comunidades porque son «el elemento más característico del Estado Autonómico», en contra de lo que propuso Esperanza Aguirre.
Así, la Comunidad apuesta por cohesionar el Sistema Nacional de Salud «que haga iguales a los españoles», pero partiendo de que el problema de la deuda, que «afecta de forma importante a todas las comunidades, especialmente a las del régimen común», se considere como «un problema del SNS». En cualquier caso, la Junta valora los acuerdos alcanzados hasta ahora, como el pago de medicamentos de forma proporcional a la renta también en el caso de jubilados o pensionistas.
En educación, la Comunidad apuesta por reforzar la autoridad del profesorado, una propuesta que se verá plasmada en un futuro proyecto de ley. Sin embargo, la Junta considera necesario «un marco normativo estatal que coordine las medidas».
Dependencia
En tercer lugar, la Junta pide que la Ley de Dependencia prime los servicios frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar porque «tendría un triple efecto positivo»: mejorar la atención, reactivar económicamente el sector y determinar de forma homogénea el coste de los servicios a nivel nacional. De igual modo, apuesta por que la financiación que recauda el Estado a través de la asignación del IRPF para fines sociales se distribuya previamente a las comunidades.
En el informe, la Junta expone las materias de trabajo prioritarias en Castilla y León, recogidas en el Diálogo Social así como en la futura Ley de Estímulo a la creación de empresas, en línea con la Ley de Emprendedores nacional.
Así, la Comunidad «comparte plenamente» los compromisos de Rajoy para la contención del déficit, la estabilidad presupuestaria y el ajuste de las cuentas públicas. La Junta anima al Gobierno «a culminar las reformas estructurales» en marcha pero considera preciso «mejorar la coordinación entre el Estado y la Comunidad» en «responsabilidad compartida».
El tercer objetivo, la modernización del modelo autonómico y territorial, se debe conseguir a través del principio «una competencia, una administración», con el objetivo de «clarificar y racionalizar» la titularidad y el ejercicio de competencias. Una revisión que pasa por mantener la actual estructura pero profundizando «en las virtudes» del modelo autonómico y «poniendo coto de manera enérgica a excesos o disfunciones que provoquen una pérdida de apoyos en la opinión pública».
Para ello, la Junta apuesta por reforzar los mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades a través de una Conferencia de Presidentes que aborde las «reformas territoriales». Además, Herrera pidió que se convoque con «periodicidad establecida» la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado.
