El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer a los sindicatos de la función pública que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que el Consejo de Ministros aprobará esta mañana, incluirá un incremento salarial del 1% para los empleados públicos.
Se trata de la primera mejora salarial después de seis años en los que el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos ha superado el 20%, según las centrales. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2010 una rebaja salarial del 5% de media, a la que han seguido otros cinco años de congelación.
Así se lo hizo saber el titular de Hacienda a los sindicatos en un encuentro previo a la celebración de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas, en el que también les confirmó que ya este mes de septiembre se devolverá a los empleados públicos, en aquellas administraciones en las que haya disponibilidad presupuestaria, otro 25% de la paga extra que se les quitó en 2012, con lo cual a final de este ejercicio ya habrán recuperado un 50%. La mitad restante se les abonará en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, también en la medida en que las arcas de las administraciones lo permitan.
Además, la tasa de reposición de los empleados públicos que causen baja se descongelará con carácter general y se elevará al 50% y pasará del 50% al 100% en los servicios esenciales (lucha contra el fraude, educación, sanidad o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), entre los que se ahora se incluirán también el personal de las instituciones penitenciarias, el servicio público de empleo estatal (SEPES) y servicios sociales.
Tras la reunión de la mesa de negociación, los representantes sindicales señalaron que estas disposiciones son sólo una propuesta del Gobierno, y que hasta que finalice la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, que prevén en la tercera semana de octubre, “hay margen de negociación”.
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, señaló que “la presión de 2,5 millones de empleados públicos ha dado su fruto”. “El Gobierno ha movido ficha en la dirección correcta, aunque no todo lo que nos hubiera gustado”, añadió. En cuanto a la descongelación de los salarios, Borra señaló que es un paso “positivo”, pero indicó que, dado el esfuerzo desplegado por los funcionarios durante la crisis, el 1% es una subida salarial “muy exigua”.
Por otro lado, el presidente de CSI-F celebró que Montoro se comprometiese a abrir un nuevo periodo de diálogo social, de forma que antes de que termine la tramitación parlamentaria de los Presupuestos se podría negociar también sobre Incapacidad Temporal en el servicio público y promoción interna.
Preguntado por si confía en que las administraciones puedan cumplir el calendario de devolución de la paga extra, Borra señaló que, dadas las mayores disposiciones de liquidez de las que disfrutarán las comunidades autónomas en 2016, “van a ser capaces”.
Por su parte, el coordinador del Área de Administraciones Públicas de CC.OO., Antonio Cabrera, dejó claro que estos avances propuestos por el Gobierno no cuentan de momento con el acuerdo de los sindicatos, sino que son una decisión unilateral del Ejecutivo. Del mismo modo, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, dijo que “si la intención del Gobierno es revertir los sacrificios de los empleados públicos, la única manera de hacerlo es reestableciendo el diálogo social”.
