Uno de los informes de la Agencia Tributaria (AEAT) remitidos ayer al juez instructor del caso Nóos, José Castro, excluye a la Infanta Doña Cristina del reparto de ganancias de este entramado, al igual que a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro.
También les deja fuera de las decisiones acerca de proyectos, negociaciones, contratación y organización interna del instituto. Y es que para la Agencia Tributaria, Iñaki Urdangarín y su antiguo profesor del Esade son los únicos y verdaderos socios de esa institución sin ánimo de lucro, «ya que ninguna otra persona se situó en el organigrama a nivel de los fundadores».
Además, la AEAT calcula en ocho millones de euros el importe total de las facturas que se cruzaron dentro del conglomerado empresarial de Nóos. Más en concreto, precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias firmas de la trama por trabajos supuestamente fictios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones; en 2006 de 2,2; en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.
Otra de las conclusiones del informe de Hacienda es que Aizoon, la sociedad que comparten los Duques de Palma, fue el segundo proveedor del Instituto Nóos en importancia cuantitativa en 2004 y 2005. Una vez Urdangarín abandonó la entidad, esta empresa, cuyos ingresos habían procedido hasta entonces de la casa madre, pasó a facturar de forma exclusiva a compañías privadas.
Tanto el exdeportista como el experto en Economía -al que se le acusa de otro delito fiscal por el que tendrá que declarar el 3 de julio- son considerados por el Fisco los únicos responsables del entramado de contratos con las Administraciones. De hecho, atribuye a Torres la autoría «intelectual» y al yerno del Rey la «comercial».
Según Hacienda, ambos se dedicaron a la consultoría, diseño y organización de eventos entre 2003 y 2008, para lo que crearon las sociedades de la trama, que facturaron «pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole, de suerte que se han cruzado un número inusitado de facturas (425) por importes no menos llamativos (más de ocho millones de euros)».
De esta forma, recuerda el Ministerio Público, «se drenaron los recursos generados hacia el respectivo patrimonio de ambos socios», cuando el Instituto Nóos, por su forma jurídica, «carecía de la posibilidad legal de repartir dividendos».
Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona citó el 16 de julio al Duque de Palma, y podría declarar ese mismo día como testigo a raíz de la demanda por presunta vulneración del derecho al honor que puso contra su exsocio en Nóos, por la difusión de los correos electrónicos que afectan a su intimidad.
Según explicaron fuentes judiciales, la titular del juzgado convocó para ese día una vista sobre medidas cautelares en la que tendrá que decidir si mantiene la prohibición de difundir los mails después de la demanda, que la presentó el pasado 9 de mayo el abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, por presunta intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal y familiar contra Torres y los grupos de comunicación Ecoprensa (editora de elEconomista.es), Unidad Editorial Información General (El Mundo), El Semanal Digital, Semana, Publicaciones Heres (Pronto), Cuarzo (productora de El Programa de Ana Rosa), Mediaset (Telecinco), y Titania Compañía Editorial (Vanitatis).
Mientras, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el resultado de la «investigación interna» abierta por la Agencia Tributaria para aclarar el «lamentable error» cometido en un informe sobre la Infanta Cristina se conocerá «no más allá del martes». Ayer se supo que una veintena de vecinos del municipio de Portbou (Gerona) tuvieron hace años el mismo número de DNI que miembros de la Familia Real.
