La necesidad obliga. La máxima que se aplicó en la Ley de Economía Sostenible, que aprobó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en marzo del año 2011, ha tenido en tres años de aplicación un efecto sin paliativos en el control de las cuentas anuales de los municipios de Castilla y León.
La normativa que impulsó la entonces ministra Elena Salgado obliga a los ayuntamientos a presentar sus cuentas anuales si no quieren ver retenidos los anticipos a cuenta gubernamentales para financiarse.
Los datos son elocuentes: si la primera vez 402 municipios de la Comunidad se quedaron sin dinero, el pasado mes de abril sólo se encontraban en la lista de incumplidores una decena. La mayor parte liquidarán en breve el último ejercicio fuera de plazo, 2012, aduciendo problemas técnicos.
Otra situación es la que presentan municipios como Valderas (León), intervenido, y Lantadilla (Palencia), con procesos judiciales abiertos con la Secretaría Municipal, que no han presentado liquidación alguna y llevan desde 2011 sin recibir anticipo alguno.
La normativa entró en vigor el 4 de marzo del año 2011 y señalaba con carácter general la obligatoriedad de los municipios de presentar los datos de liquidación de sus presupuestos desde el ejercicio 2010. Advertía de que se empezarían a retener los anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les correspondiese, a partir del mes de junio del ejercicio siguiente a la liquidación, y hasta que se formalizase la misma.
El entonces Ministerio de Economía y Hacienda, sin embargo, dio una prórroga a los municipios en ese primer ejercicio de entrada en vigor de la normativa, para que presentasen las liquidaciones de 2010, antes de día 30 del mes de septiembre.
A partir de ese plazo, retuvo los anticipos a cuenta del mes de octubre de 2011 a 402 municipios de Castilla y León que todavía no habían cumplido con su obligación legal, a los cuales ya había advertido a finales de agosto, tal y como establece el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.
En total, en España, fueron 1.022 los municipios afectados por esta medida, que según el Ministerio dejarían de percibir ese mes 13,5 millones de euros.
En todo caso, numerosos ayuntamientos de la Comunidad se apresuraron en el último mes a presentar sus liquidaciones, después de que el 30 de agosto el departamento dirigido por Elena Salgado advirtiera a 730 municipios de la Comunidad de este incumplimiento, según recogió la agencia Ical en ese momento.
De ellos, 325 habían solventado la situación antes de la prórroga concedida hasta el 30 de septiembre; y en la actualidad, tres años después, apenas quedan diez incumplidores.
Y es que la retención de ingresos, que se comunica a los ayuntamientos que no cumplen con la obligación, no implica la pérdida de esos recursos. Éstos serán reintegrados a las arcas municipales a medida que los ayuntamientos vayan cumpliendo con sus obligaciones de información, en el pago inmediatamente posterior.
Por provincias, de los 402 municipios afectados en octubre de 2011 por este incumplimiento, Soria encabezaba la lista, con 73; seguida de Segovia, con 64 municipios; Burgos, con 59, y Zamora y Salamanca, con 51 y 50, respectivamente.
A continuación se situaron Palencia, con 33, Ávila y León, con 29 en cada caso y, por último, Valladolid, que era la más responsable con la Ley de Economía Sostenible, ya que solo 14 entidades tenían pendiente remitir sus cuentas al Gobierno.
La situación ha cambiado radicalmente, y ya son tres las provincia en las que todos sus municipios presentan a tiempo las liquidaciones de sus cuentas anuales, Segovia, Valladolid y Zamora.
Asimismo, en la actualidad, la provincia que más incumplidores acumula es León, con tres (Alija del Infantado, Pozuelo del Páramo y Valderas); seguida por Burgos (Jaramillo Quemado y Villamiel de la Sierra) y Palencia (Lantadilla y Polentinos), con dos en ambos casos; y Ávila (Hoyos del Espino), Salamanca (Villarino de los Aires) y Soria (Medinaceli), con uno en cada una de ellas.
