José Antonio Griñán está contra las cuerdas. El PP-A dio ayer a conocer en un documento en el que se pone de manifiesto que el 29 de septiembre de 2006 el entonces interventor general de Hacienda, Manuel Gómez, envió al que era consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, y actual presidente, un «informe definitivo de cumplimiento», correspondiente a 2004 y realizado a la Agencia de Innovación y Desarrollo, sobre «régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas públicas».
El secretario general de los populares de la región sureña, Antonio Sanz, explicó que en el documento «se prueba que la dirección general de Empleo, la consejería de Empleo y el IFA tramitaban subvenciones excepcionales prescindiendo de total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».
Para el dirigente conservador, una vez que se ha «demostrado» que Griñán «ha ocultado deliberadamente» ante el Parlamento que «él conocía los trabajos de Intervención», no le queda otro camino que la «dimisión». Se constata, según insistió, que los informes no solo llegaban a la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que indicó hace días que los papeles se los quedaba ella y que, «aunque no los miraba mucho, era la que los conocía».
«Han mentido los dos», según sentenció Sanz, quien añadió que el PP puede demostrar la responsabilidad política tanto de Chaves -el entonces jefe de la Junta- como de Griñán de conocer directamente «unos estudios que, de haberlos utilizado debidamente, se podría haber evitado el monumental fraude que se ha cometido con el dinero de los parados». De paso, sugirió que el dirigente socialista no quiso evitarlo.
Desde Génova, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, se mostró contundente: «Hay pequeñas mentiras, mentiras piadosas, grandes mentiras, y mentiras imperdonables. La mentira en el Parlamento es imperdonable». Así, denunció que Griñán «ha dicho hoy en la Cámara andaluza que nunca tuvo noticia sobre cómo se estaban tramitando los ERE, y minutos después hemos conocido un documento en el que el interventor de Hacienda de la Junta de Andalucía hacía constar que tenía noticia desde 2005 sobre cómo se estaban tramitando».
La reacción del presidente del Ejecutivo regional no se hizo esperar, asegurando que nunca recibió ningún informe de la Intervención de Hacienda que advirtiera de irregularidades en los ERE. A este respecto, el líder de los populares en la comunidad, Javier Arenas, le acusó de mentir. Durante el encuentro verbal entre ambos mandatorios, el ex ministro de la etapa de Felipe González recalcó que los casos de presunto fraude en las ayudas al empleo de la UE no pasarán «de 20 a 25» de más de 10.000 inspecciones.
Posteriormente, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, Mario Jiménez, acusó al bloque conservador de actuar «a la desesperada» para intentar «implicar» al presidente «sin base legal ni jurídica», al recurrir a un documento de la Intervención General de 2006 que no establece «ningún tipo de obligación o de responsabilidad» por parte de su líder: «Es un papel ordinario de los que se producen en la Administración decenas todos los años; no demuestra nada».
