Los líderes europeos rechazaron ayer renegociar los requisitos del segundo rescate de Grecia, y bloquearán la ayuda urgente de 8.000 millones de euros del primer plan de asistencia hasta que Atenas no ratifique su compromiso de aplicar los ajustes exigidos, tras el anuncio del primer ministro heleno, George Papandreu, de convocar un referéndum sobre las condiciones del rescate.
La ayuda de 8.000 millones de euros, que corresponde al sexto tramo del primer rescate aprobado en mayo de 2010, fue aprobada el 21 de octubre por los ministros de Economía de la eurozona tras varios retrasos por la resistencia de Atenas a aplicar los recortes exigidos. Estaba previsto que se desembolsara a mediados de noviembre.
Pero tras el anuncio de referéndum, tanto la UE como el FMI consideran «inimaginable» pagar esta ayuda, según publicó el diario francés Le Monde. Francia calcula que las autoridades griegas se quedarán sin fondos como muy tarde en diciembre y lo usará para redoblar la presión sobre Papandréu.
El presidente francés y anfitrión de la cumbre del G-20, Nicolas Sarkozy, convocó para hoy una reunión con el resto de líderes de la eurozona que se encuentran en Cannes, para analizar los últimos acontecimientos de la crisis griega.
Según fuentes comunitarias, a ella asistirá el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, además de los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
La canciller alemana, Angela Merkel, tiene a esa misma hora un encuentro bilateral con el dirigente estadounidense, Barack Obama, por lo que acudirá al encuentro europeo su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble.
El objeto de la cita, según las mismas fuentes, es fijar una postura común europea ante la cumbre del G-20.
Precisamente, la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvieron anoche una reunión con el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, que fue convocado en la ciudad francesa para que dé explicaciones sobre su decisión de someter el plan de rescate europeo a un referéndum en su país.
En la cita participaron también Sarkozy, Merkel, Barroso y Van Rompuy, además de la directora del FMI, Christine Lagarde.
Sobre la fecha de concesión del sexto tramo de ayuda internacional de 8.000 millones de euros tendrán que pronunciarse el próximo lunes los ministros de Finanzas de la Unión Europea, una toma de postura que estará condicionada por el resultado de las reuniones en Cannes.
Ayer mismo, Barroso emitió una declaración escrita en la que advierte a Grecia de las consecuencias «dolorosas» si finalmente se rechaza el plan de rescate acordado con la Unión Europea y el FMI la semana pasada.
«Sin el acuerdo de Atenas con la UE y el FMI -indica Barroso- las condiciones para los ciudadanos griegos serán mucho más dolorosas y, sobre todo, para los más vulnerables. Las consecuencias son imposibles de predecir».
Por otro lado, el Gobierno italiano se reunió anoche para dar luz verde a un decreto con «las medidas más urgentes» que presentó el primer ministro, Silvio Berlusconi a la UE y que el Ejecutivo del país pretende aprobar antes de la cumbre.
Así, el Cavaliere convocó un consejo de ministros extraordinario para presentar en Cannes un programa normativo que impulse el desarrollo y limite el endeudamiento italiano. El principal obstáculo que tendrá que superar Berlusconi en este consejo será la oposición de la Liga Norte a aprobar las intervenciones sobre las pensiones, principalmente la eliminación de las de ancianidad. En este sentido, el líder de la Liga, Umberto Bossi afirmó que si el Ejecutivo «toca las pensiones» su partido «hará la revolución».
Ya antes de presentarse ante el Consejo Europeo, Berlusconi tuvo que convencer a Bossi para que aceptara elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, una medida que hizo peligrar los apoyos de la Liga Norte al Cavaliere, quien depende del partido de Bossi para mantenerse en el poder.
En el decreto, que al cierre de esta edición no se había aprobado, el Ejecutivo estudiaba también reintroducir el impuesto de patrimonio, según explicó el vicepresidente en el Congreso del partido gubernamental Pueblo de la Libertad, Massimo Corsaro, al diario La Repúbblica.
