La espiral de desesperación no tiene fin para el pueblo griego. A pesar de una tasa de desempleo del 27%, los acreedores internacionales hicieron hincapié para que el Gobierno de Atenas despidiera a otros 15.000 empleados públicos antes de que acabe 2014. Unos 4.000 se irán a la calle antes de fin de año. Solo de esta forma se dará luz verde al pago del próximo tramo de ayuda de 2.500 millones de euros a finales de julio.
El Ejecutivo que lidera el primer ministro conservador Antonis Samaras se había resistido en los últimos 12 meses a sacrificar la vaca sagrada a perpetuidad del funcionariado. Pero el miércoles pasado, la cúpula estatal pasó por el aro: los primeros en irse serán profesores, bedeles y empleados de los municipios, así como los trabajadores de la limpieza. Un doloroso cometido para los políticos del Gabinete, pues no se trata de los 1,3 millones de ciudadanos anónimos que han perdido su puesto de trabajo en el sector privado desde 2009; ahora afecta a los propios hombres y mujeres que en las últimas décadas han ido colocando ambas formaciones en el Ejecutivo.
Se trata de los «guardianes del partido», afirma parte de la prensa griega. Pero esa es solo una cara de la moneda, la otra es que miles de familias se quedan sin ningún tipo de ingreso. Menos dinero en el mercado significa que se cerrarán más negocios y habrá más desempleados.
Las manos a la cabeza
Numerosos observadores se llevan las manos a la cabeza. Si el problema de Grecia se solucionase con el despido de 15.000 funcionarios, entonces no habría problema alguno. Pero ese no va a ser el caso. «Actualmente solo se miran las cifras y no a las personas», sostiene el escritor Petros Markaris. «No sé qué va a pasar, pero si sigue así, la situación va a estallar y cuanto más tarde ocurra, peor será», asegura el escritor de 76 años, conocido por sus novelas policíacas del inspector Kostas Jaritos. Otros observadores temen que la troika de acreedores esté incurriendo en un tremendo error, tal vez fatal, al creer que hay que recortar el abultado aparato estatal a toda costa. Insisten de forma mecánica en una reducción de los funcionarios y de esta forma lo único que hacen es quitar gasolina al débil motor de la maltrecha economía griega, según explica el experto en finanzas Nikos Wroussis.
Atenas intentó eliminar personal de forma paulatina y moderada. En 2009 fueron 724.000 empleados públicos. Entonces por cada cinco que dejaban el cargo, se contrataba a uno. En abril de 2013 solo quedaban 621.000 funcionarios, según el Ministerio del Interior. Una forma suave de eliminar puestos de trabajo.
Con los nuevos despidos está en juego, además, la estabilidad política. Diputados y alcaldes no se pueden dejar ver más en sus distritos electorales. Y llegó el día señalado: el pasado miércoles el Parlamento votó el proyecto de ley que incluye planes para transferir y echar a unos 25.000 empleados públicos.
La oposición de izquierda responsabiliza al Gobierno de abrir la puerta a la eliminación masiva con esta nueva disposición. Además de los 15.000 funcionarios, antes de que acabe el próximo año se marcharán otros 25.000, que pasarán a una denominada reserva de movilidad. Muchas de estas personas podrían irse si en el plazo de los próximos ocho meses no se les encuentra un puesto de trabajo.
Y el peor problema es que para todos, funcionarios y desempleados del sector privado no se perfila horizonte alguno. La economía se contraerá este año hasta un 5%. Y con los nuevos despidos, la tasa de desempleo aumentará. Y la espiral de la desesperación no acaba nunca. Algo para lo que ni el Gabinete heleno ni la Unión Europea encuentran respuesta alguna.
