El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero —quien fue consejera en Caja Madrid—, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el “dinerillo B” de que disponían y que tenía “origen ilícito”, como fue la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana.
Así se señala en el auto, que recoge los diferentes indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada la noche del viernes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra González y otros implicados en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la operación Lezo.
