El expresidente de la Comunidad Ignacio González aseguró ayer ante el juez que el Partido Popular nunca le pagó una campaña de imagen y que no nombró a su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, presidente del Canal de Isabel II, según informaron fuentes jurídicas.
González declaró durante 12 minutos en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid como investigado por el amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web. Ni a la entrada ni a la salida quiso declarar ante la gran cantidad de periodistas que le esperaban.
El extitular del Gobierno regional, que además fue presidente entre 2003 y 2012 de la empresa pública de aguas madrileña, afirmó que en el momento de concesión de dicho contrato investigado ya no era máximo responsable del Canal, sino que lo era Salvador Victoria. Y que, por tanto, no conocía las empresas que optaron a dicha concesión ni por qué se le concedió a la adjudicatoaria, señalaron las mismas fuentes.
Ignacio González respondió con brevedad a las preguntas concisas efectuadas por el fiscal y todas las partes personadas. En una de ellas, señaló que fue el Consejo de Administración y no él no nombró a Victoria presidente del Canal. Habitualmente, el cargo de consejero de Presidencia lleva aparejado la Presidencia de esta empresa pública.
A González se le imputa como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Pero el expolítico del PP se desentendió de todas estas acusaciones, reiteró su nula responsabilidad en estos contratos de la web del Canal e insistió en que su antiguo partido no le pagó campaña alguna de imagen.
Junto a él también había sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria pero no acudió porque su abogado tenía otra causa judicial previa a la que atender, informaron fuentes jurídicas.
Investigados
Sí asistieron el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona jurídica. Tampoco quisieron declarar ante la prensa a la salida de los Juzgados. A Victoria le atribuyen el delito de cohecho, el de prevaricación a Casanueva y el de malversación a todos los querellados.
La querella fue presentada por una agencia de comunicación que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto de partida de 340.000 euros más IVA.
Sin embargo, perdió el contrato en 2014 frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre según la agencia de comunicación, habría ofertado una cifra menor a dicha cifra: 298.600 euros más IVA.
El contrato recogía que la oferta económica suponía el 70% de la puntuación. Por ello, desde Take Away reclaman que se concrete qué valoró el 30% restante para que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos 40.000 euros menos.
