La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó ayer con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos trabajadores, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.
En el acto de firma del acuerdo, suscrito tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, Batet destacó la voluntad de alcanzar acuerdos de los sindicatos y la mejora de derechos laborales y salarios que se consigue con el acuerdo, renovado tras 10 años y que afectará a más de 40.000 trabajadores.
El convenio supone un incremento salarial para los trabajadores integrados en los grupos profesionales con retribuciones más bajas, que será financiado con los fondos adicionales aprobados para los años 2018 y 2019.
En concreto, se aprueba una subida del 5,5% de media para todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 al mes), según explicaron los sindicatos.
De esta forma, el salario mínimo del personal laboral, en torno a 10.000 trabajadores, subirá un 9,36% este año, que unido al 2,25% de subida general alcanza el 11,6%, hasta alcanzar los 1.136 euros. No obstante, para el personal laboral de nuevo ingreso, el salario mínimo será de 1.070 euros mensuales. De cara a 2020, la subida podrá alcanzar un máximo del 14% y llegar casi a los 1.200 euros (entre 1.161 y 1.198 euros) que reclamaban los sindicatos.
Además, se contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, de forma que una vez que entre en vigor el convenio, los trabajadores cobrarán los atrasos, previsiblemente antes del verano.
El convenio tendrá un coste en torno a 25 millones de euros, de los que 10,17 millones de euros se financian con los fondos adicionales. Además, desde 2020 se comprometerá un 25% más de los fondos adicionales para implementar medidas retributivas de homogeneización y desarrollo de la carrera profesional del personal laboral.
