Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, reclamaron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que derogue las reformas laborales de 2010 y 2012, una demanda ante la que el Ejecutivo se ha mostrado “reservón”, en palabras del dirigente de CCOO.
Pocos minutos después, la propia ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, indicó que, “más que reservón o que haya cambiado de criterio, en el Gobierno se tienen mayores dosis de pragmatismo porque conoce el apoyo parlamentario con el que cuenta”.
“Nos encantaría tener mayoría parlamentaria, con 202 diputados como tenía Felipe González. Iríamos al 100% o al 150%, pero tenemos una aritmética parlamentaria muy compleja”, admitió Valerio, que se mostró partidaria de ir trabajando en un nuevo Estatuto de los Trabajadores para ponerlo en marcha a partir de 2020.
Y mientras eso llega, la ministra abogó por intentar alcanzar acuerdos puntuales pero “importantes” con los agentes sociales y con apoyo político, en temas, como precisó, como la prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa, la ‘ultraactividad’ o la lucha contra la temporalidad.
“Podemos retocar una serie de temas con consenso político y social. He visto muy buena disposición en sindicatos y empresarios”, apuntó la ministra, que además habló con los agentes sociales para hacer un estudio en profundidad sobre las bonificaciones a la contratación y la utilidad o no de las ‘tarifas planas’. “Es el momento de recapitular y profundizar en esa materia”, aseguró la ministra.
Lo que tiene claro Valerio es que no quiere hacer o deshacer cosas a golpe de Real Decreto. “Tenemos los pies en el suelo y somos realistas. Gobernar con el Real Decreto por bandera no sería ir por buenos derroteros”, dijo la ministra.
Con la vista atrás
Tras reunirse en el Palacio de La Moncloa por espacio de dos horas con Sánchez y Valerio, los dirigentes sindicales señalaron que, cuando piden derogar las últimas reformas laborales no se refieren a volver a poner la legislación a como estaba en 2009, sino de “reformular” estas reformas para modernizar el sistema de relaciones laborales.
“Hay que modificar en profundidad la actual legislación laboral”, insistió Sordo, que explicó que estos cambios legales se pueden orientar desde el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que los sindicatos están cerca de alcanzar con CEOE y Cepyme, aunque no de manera inminente.
A partir de estas orientaciones, explicaron los dirigentes sindicales, se tendría que abrir otra fase en la que buscar acuerdos tripartitos para cambiar las últimas reformas laborales, aunque CCOO y UGT entienden que la legislación laboral tiene que modificarse sí o sí, “con las organizaciones empresariales si fuera posible”.
“Se pueden adoptar medidas desde ya y si alguna viniera del consenso con la CEOE, sería estupendo. Si no, habría que decidir cómo se atacan algunas de las medidas”, explicó Sordo.
Por su parte, desde las organizaciones empresariales, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, afirmó que “los términos en política son unos, y en la vida real, otros”.
“Ha habido 55 reformas laborales en los últimos tiempos, más de 7.000 leyes laborales. Lo de derogar… Es un mensaje ideológico. Nosotros siempre estamos a favor de una evolución y estamos ahora a la expectativa. Cuando nos sentemos más seriamente con la ministra veremos qué se puede y se quiere cambiar”, apuntó.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo trasladó a los agentes sociales su deseo de que alcancen un acuerdo en negociación colectiva. “Nos ha manifestado a ambas partes que es necesario recuperar las rentas salariales. Nos ha animado a ello”, declaró Pepe Álvarez.
