El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Se trata de cumplir con su “obligación” de “defender España” y “evitar otra afrenta” del expresidente catalán a la democracia, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
De esta forma, el Ejecutivo mantiene así su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero y de hacerlo a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
“El señor Puigdemont está en busca y captura. Ése es el quid de la cuestión”, enfatizó la vicepresidenta, que agregó que este recurso se presenta “con todo respeto al parecer del Consejo de Estado”. El Gobierno cree que es la vía de “evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico”.
Si el Tribunal Constitucional admite a trámite este recurso contra la candidatura de Puigdemont, —en una sesión que el Gobierno espera que se celebre antes del martes, cuando Torrent ha convocado el pleno de investidura—, se suspenderá automáticamente la celebración de ese pleno. Si ese Pleno sigue adelante los miembros de la Mesa del Parlament podrían incurrir en desobediencia y se podrá actuar contra ellos.
En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría recalcó que el Gobierno tiene entre sus obligaciones “defender España y el Estado de Derecho”, así como un “absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña”. Según añadió, tienen “el compromiso político” y el “deber constitucional” de hacer todo lo posible para evitar que se vulnere la ley, utilizando “todos los instrumentos legales” para que Puigdemont no “vuelva a desafiar al Estado de Derecho”.
Ante el revés del Consejo de Estado, Santamaría justificó seguir adelante porque Puigdemont está en busca y captura en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia al negarse a “rendir cuentas ante el Tribunal Supremo”. Según subrayó, se trata de “delitos muy graves contra la propia democracia y las instituciones del Estado” que le “impiden” ser investido presidente.
Respeto a la justicia
Santamaría señaló que “respetan” el criterio jurídico del Consejo de Estado pero ha recordado que ese dictamen, aunque es preceptivo solicitarlo, no es “vinculante”. De hecho, señaló que el Gobierno cree que tiene argumentos legales suficientes para impugnar esa candidatura y evitar que Puigdemont “pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad”, sustrayéndose a la acción de la Justicia.
Al ser preguntada si para el Gobierno ha sido una sorpresa el informe del Consejo de Estado desaconsejando ahora presentar ese recurso, Sáenz de Santamaría afirmó que ejercen las labores de Gobierno desde la “máxima lealtad” a las instituciones del Estado, pero ha indicado que es un órgano que da “opiniones” a las consultas que se le realizan pero no son “instrucciones”. Sin embargo, insistió en que la “obligación” del Ejecutivo es “impedir que se consumen y lleguen hasta el final actos que sean contrarios a la Constitución y a la democracia”. “A nosotros nos toca gobernar y gobernar es elegir y decidir. Y creemos que nuestra decisión es continuar adelante”.
