El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, pidió a los grupos parlamentario que primen el interés general de los ciudadanos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y que no lo utilicen como “campo de batalla” para erosionarle.
Así lo señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha remarcado que la aprobación de los Presupuestos es “importante” para continuar con la senda “positiva” del crecimiento y de creación de empleo, ya que trasladan “en su integridad” los beneficios de la evolución económica a los ciudadanos.
Asimismo, defendió que las nuevas cuentas no deben ser “un campo de batalla para erosionar al Gobierno”, sino que deben servir al interés general de los ciudadanos, por lo que opinó que las formaciones que las rechacen tendrán que explicar por qué votan en contra. En su opinión, oponerse a los Presupuestos supone también ir en contra del propio escenario parlamentario al ser necesaria la búsqueda de acuerdos ante la falta de grupos con una mayoría.
“El Gobierno está a favor de la búsqueda de acuerdos, lo ha demostrado a lo largo de la legislatura y lo va a seguir demostrando”, enfatizó Méndez de Vigo, quien rechazó a los “aprioristas” que se anticiparon a mostrar su rechazo antes de la aprobación de unos Presupuestos que “benefician a todos y no perjudican a nadie”.
Ha insistido en la “importancia decisiva” de la política presupuestaria para el Ejecutivo, ya que el cumplimiento “permanente” de los compromisos presupuestarios ha otorgado a España un “marchamo de confianza”.
Méndez de Vigo repasó las medidas “posibles, efectivas y necesarias” recogidas en los Presupuestos que “España puede permitirse” ante el actual crecimiento económico y que son “marcadamente inclusivos y profundizan en la agenda social del Gobierno”.
En esta línea, aseguró que los Presupuestos pretenden distribuir los beneficios del crecimiento para que “nadie se quede al margen de la recuperación”, por lo que el gasto social representa un 56% del total.
La principal partida es la de pensiones, con un 41% del total, y se recogen subidas de las pensiones mínimas (250 euros al año) y de viudedad (450 euros al año), de lo que se beneficiarán tres de cada cuatro pensionistas, unos siete millones. También recoge rebajas en el IRPF, con ahorros de 440 euros al año para 3,5 millones de pensionistas y trabajadores con rentas de 12.000 a 18.000 euros, y la exención de tributación para rentas de hasta 14.000 euros.
A esto se suma un cheque de 1.000 euros anuales para guardería, deducciones de 1.200 euros para discapacidad, aumento de 4 a 5 semanas del permiso de paternidad, 46 millones más para dependencia y 200 millones para lucha contra la violencia de género.
Las nuevas cuentas también incluyen el aumento retributivo para los funcionarios, la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas, una tasa de reposición del 100% y superiores en casos concretos, un 12% más de inversión en infraestructuras que generarán 235.000 empleos, un alza del 8,3% en I+D+i, y un récord en becas para estudios, entre otros.
