El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el Ejecutivo no tendrá “ninguna contemplación” con el candidato de Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, ni “consentirá” que ostente una presidencia simbólica desde Bruselas para “darle un sueldo”.
“De ninguna manera”, aseveró durante una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntado si el Gobierno está dispuesto a permitir una presidencia simbólica a distancia combinada con una efectiva desde Barcelona. “¿Qué es eso de simbólica? Es para darle un sueldo a este señor”, recalcó.
“No vamos a tener ninguna contemplación con él”, afirmó, insistiendo en que no le darán “nada” y mucho menos “lo que no existe”. A su juicio, una presidencia de la Generalitat a “1.500 kilómetros”, desde Bruselas, “no es posible”.
Asimismo, apuntó que el líder de un Ejecutivo autonómico es “la máxima autoridad del Estado” en el territorio, al mismo tiempo que recordó que Puigdemont “está acusado de delitos muy graves”, como rebelión y sedición, y además “ha huido de la justicia”.
Reforma ilegal
Por otro lado, sobre la propuesta de JxCat de hacer una reforma exprés de la ley de la presidencia de la Generalitat que permita una investidura a distancia de Carles Puigdemont, Méndez de Vigo manifestó que “es ilegal” y que “tiene muy poco recorrido”.
Y aunque cree que esa iniciativa no va a llegar al Parlament, dijo que si se presenta el Gobierno la recurrirá a los tribunales: “Desde el punto de vista jurídico no tiene recorrido”, argumentó.
El portavoz del Gobierno declaró que la aplicación del artículo 155 de la Constitución continuará “hasta que haga falta”. En este sentido, hizo hincapié en la “estabilidad” que ha llevado a Cataluña. Con la activación de esta herramienta en Cataluña, explicó además el ministro, se ha dado “tranquilidad, seguridad y certidumbre” a los catalanes.
Para el portavoz del Gobierno, la situación de Cataluña “perjudica” a los catalanes y a la imagen de la Comunidad Autónoma a nivel internacional, por lo que reivindicó la configuración de un Gobierno dentro de la legalidad y que respete la ley.
Una petición que llevan reiterando todos los miembros del Ejecutivo desde que se convocaran las elecciones del 21 de diciembre.
