La nueva ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, anunció ayer que el Gobierno ha dado orden a los bancos para levantar el control financiero de las cuentas de Cataluña. “Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España”, precisó.
La decisión de que los pagos de la Generalitat los realizara Hacienda fue adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de septiembre con el objetivo de impedir que se destinaran fondos públicos al procés. La medida afectaba no sólo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino también al resto del sistema de financiación autonómico y al conjunto de las cuentas de la administración catalana e iba acompañada de un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria.
Ahora, la ministra portavoz explicó que se “levanta la supervisión como gesto de normalización política en la confianza de que funcionará bien”, pero añadió que eso “no significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas”.
El Gobierno de España, recalcó, “tiene fórmulas para poder estar informado de todas las cosas que acontecen dentro de su territorio”, pero eso no es obstáculo para “hacer este gesto” como consecuencia del levantamiento del artículo 155 de la Constitución y para que el Gobierno catalán, “conforme a la ley y de acuerdo con sus competencias vaya a hacer una provisión de gasto legítima y acomodada a la ley”.
Celaá no precisó si este levantamiento afecta solo a las medidas de control aprobadas por Hacienda entre los meses de julio y septiembre de 2017 y si, por lo tanto, se mantienen en vigor las que rigen desde 2015 y que no se establecieron sólo sobre los fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino sobre todo el Presupuesto de la Generalitat, que obliga desde entonces a la Intervención en Cataluña a certificar mensualmente que sus pagos se ajustan a la legalidad.
Medidas
La nueva portavoz del Ejecutivo tan solo puntualizó que la Subsecretaría de Hacienda ha dado instrucciones a los bancos para que atiendan las órdenes del Gobierno catalán en lo que se refiere a sus gastos “sin necesidad, como hasta ahora, de la supervisión del sello del Gobierno de España, sin discriminación”.
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció a mediados de mayo que la intención del Gobierno era la de mantener ese control reforzado de las cuentas acordado en 2015 y que suponía la supervisión mensual de todo el Presupuesto catalán, aunque se levantase el artículo 155 de la Constitución. Esa medida incluía el apercibimiento de cortar los fondos a la Generalitat si se incumplían las condiciones.
Las medidas que se establecieron incluían la emisión de un certificado mensual por parte de la Interventora general de la Generalitat de que todos los pagos eran acordes con la legalidad y aprobar una por una todas las operaciones de endeudamiento.
Esto, además de los controles que ya estaban establecidos para el FLA, que suponen el pago contra las facturas de Hacienda a los proveedores de servicios fundamentales, así como la descarga telemática en el punto FACE —Punto General de Entrada de Facturas de la Administración— para la trazabilidad de facturas.
