La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la subida de impuestos al diésel será “progresiva” y que cualquier regulación que adopte el Gobierno en esta línea excluirá “expresamente” a transportistas profesionales y a autónomos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, Montero afirmó que la equiparación entre diésel y gasolina “no incidirá” sobre las cuentas de resultados de las pequeñas y medianas empresas o autónomos ni de aquellos sectores que puedan ser “vulnerables” en el desarrollo de su actividad.
La titular de Hacienda defendió que la subida de impuestos al diésel planteada por el Ejecutivo está en línea con las recomendaciones de Europa.
“Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico (de los vehículos diésel más contaminantes)”, subrayó.
En este sentido, Montero afirmó esta subida de impuestos al diésel para equipararlo con la gasolina no se producirá de un día para otro, sino que será un “camino progresivo” con el que intentar “disuadir” la utilización de este carburante como fórmula más utilizada por los españoles.
“Es responsabilidad del Gobierno contribuir a corregir todo aquello que sea nocivo para la salud y malo para el medio ambiente. El ministerio de Transición Ecológica trabaja, entre otras muchas medidas, en todo aquello que Europa dice que es necesario para contribuir en esta línea”, agregó.
La titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el diésel “tiene los días contados” y que su “impacto” en la calidad del aire “es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”.
También se aprobó la subida adicional del 0,25% en los sueldos de los empleados públicos acordada con los sindicatos de la Función Pública el pasado mes de marzo y recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
Según explicó Montero, este incremento adicional “tendrá efectos desde el 1 de julio”.
El acuerdo que firmaron el pasado mes de marzo CSIF, UGT y CCOO con el anterior Gobierno contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,5% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB.
Es esta parte variable la que el Consejo de Ministros aprobó ayer. En concreto, en el acuerdo se estableció un alza adicional del 0,25% en 2018 si el crecimiento del PIB a precios constantes en 2017 alcanzaba o superaba el 3,1%.
Para ello, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece que se considerará el avance del PIB de cada año publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El pasado 30 de enero, el INE publicó el avance trimestral del PIB del cuarto trimestre de 2017, estimando una tasa anual del 3,1%, que certificó el pasado 6 de julio, según explicó Hacienda en una nota de prensa.
