El ambiente en la Audiencia Nacional la mañana del viernes era de tristeza, de estupor y de incomodidad. Tristeza porque la mayoría de los jueces y fiscales allí destinados mantienen una relación cordial con Baltasar Garzón por encima de las discrepancias profesionales. Estupor por la reacción del magistrado al anunciar que no acataba la sentencia, al mismo tiempo que vertía descalificaciones hacia sus compañeros del Tribunal Supremo; e incomodidad porque, como decía un fiscal que nunca ha sido afín al mediático togado «volvemos a los tiempos en los que estábamos divididos en dos, cuando hubo que tomar decisiones que tenían fuertes repercusiones políticas y que envenenaron las relaciones personales. Eran situaciones que pensábamos que estaban olvidadas para siempre».
En esta ocasión, el asunto es aún más grave, porque supone el final de la carrera de un juez emblemático al que la mayoría de sus compañeros admiran por la forma en que se implicó en la lucha contra el terrorismo con riesgo para su vida, y por la forma en que actuó siempre al margen de las conveniencias de los sucesivos Gobiernos, aunque muchos de esos colegas no han estado de acuerdo con algunas de las decisiones que tomó en los últimos tiempos. Tres de ellas desencadenaron denuncias de gran repercusión mediática y, ahora, se encuentra ante una sentencia que le expulsa de la carrera judicial.
«La sentencia es impecable», admite un juez que pertenece al círculo más cercano al condenado. «Impecable desde el punto de vista técnico, no veo ninguna posibilidad de que prospere en el Constitucional o en el Tribunal Europeo porque, insisto, es impecable. En el análisis de los hechos se centra en la actuación del magistrado cuando se produce el cambio de los abogados de la trama Gürtel, porque, en ese momento, la fiscal presenta un escrito diciendo que debe suspender las intervenciones telefónicas. Cuando Garzón pide la prórroga de las escuchas, el informe del Ministerio Público es contrario y pide la suspensión, pero el juez vuelve a dictar el auto de prórroga sin atender a la fiscalía. La sentencia del Supremo dice que, si es irregular la intervención anterior, porque atenta contra el derecho a la defensa de los acusados, desde luego lo es más la intervención de los nuevos letrados, porque el magistrado suspendido no aporta ningún indicio de que se hallen inmersos en una operación de blanqueo de dinero. Por tanto, difícilmente podrá el Constitucional revocar la sentencia».
Este mismo juez, así como un miembro del Consejo General del Poder Judicial que coincide en que la sentencia está perfectamente argumentada y, además, tiene el respaldo de los siete miembros de la Sala, afirman, sin embargo, que existen dos posibilidades de que se pudiera producir una anulación: una, que no se aceptaron las recusaciones de Garzón al magistrado Luciano Varela a pesar de que estaba incurso en otros procedimientos relacionados con él; y dos, que se tuviera en cuenta que a los abogados defensores de Garzón se les denegó la presentación de pruebas de la defensa, «aunque se dice en la sentencia -dice uno de los jueces- que se trataba de pruebas inútiles y se razona muy bien la denegación. Pero a lo mejor alguna instancia puede pensar que ha habido cierta indefensión. Esas dos cuestiones serían las únicas discutibles, porque la sentencia está muy bien argumentada».
Al Consejo General del Poder Judicial corresponde ahora comunicar a Garzón que cesa como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la AN y abrir el procedimiento para cubrir la plaza que queda vacante.
Por su parte, el magistrado ya ha anunciado que va a presentar recurso ante el Constitucional y, si éste lo admite, pedirá la suspensión de la condena hasta que se produzca el fallo de esta instancia. Sin embargo, un fiscal de la Audiencia explica que «la admisión de un recurso no conlleva la suspensión de la condena a no ser un caso excepcional. Por ejemplo, en algún caso de condena en prisión, porque el Constitucional podría sentenciar que no cabía la condena cuando la personas ya la habría cumplido».
Miembros de ese Consejo no ocultan su contrariedad por lo que viven en la Audiencia desde este viernes, en el que los comentarios se centran en la reacción de Garzón al no aceptar la sentencia: «Se está equivocando, no acepta lo que está pasando, pero es su forma de ser. Sin embargo, a pesar de sus descalificaciones hacia el Supremo, no va a conseguir deslegitimar a la Sala».
Solo desde el punto de vista personal se comprende que la reacción del magistrado haya sido tan hiriente, pero entre los profesionales consultados no ha habido uno que esté de acuerdo con su comunicado, ni siquiera sus más próximos que, antes, no dudaron en afirmar que se trataba de un juez acosado, víctima de una persecución: «Un profesional de la Judicatura no puede decir que no respeta una resolución unánime y que atenta contra el Estado de Derecho».
