Pocos discuten que Baltasar Garzón es, en muchos aspectos, un juez modélico; pero tampoco hay demasiadas discrepancias a la hora de criticar su desmedido afán de protagonismo y una cierta tendencia a satisfacer demasiado fielmente las preferencias del Gobierno. Ese cóctel entre su indudable capacidad, y su amor por las portadas y el halago le ha granjeado tantos admiradores como detractores, algunos entre sus propios colegas.
Entre esos compañeros críticos quizá pudiera contarse Luciano Varela, que instruye la causa por prevaricación abierta contra el titular de la Audiencia Nacional por su investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo y que, en contra de la Fiscalía, ayer dictó un auto en el que dice apreciar motivos para sentar a Garzón en el banquillo. Varela, no obstante, ha pedido que sea una Sala, compuesta por cinco togados la que decida si finalmente archiva el caso o bien le ordena seguir con la «preparación del juicio oral».
El escrito de Varela incluye valoraciones de hondo calado jurídico, como la que señala que el examen de las actuaciones «ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (…) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar o orillar».
En suma, reprocha a Garzón su empeño en asumir la investigación a sabiendas de que no era competente y que, en realidad, los hechos cuestionados ni siquiera son susceptibles de ser juzgados.
A juicio del instructor, tales hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, que podría acarrear penas de multa e inhabilitación.
El magistrado del Supremo reconoce, no obstante, los «móviles altruistas» del Juzgado Central de Instrucción número 5, tales «como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes». Sin embargo, dichas intenciones «no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual irresponsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido».
La querella contra Garzón fue interpuesta por el sindicato ultraderechista de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la Asociación Libertad e Identidad, y también Falange Española y de las JONS.
Tras analizar de manera detenida todas las resoluciones dictadas por Garzón en el marco de la investigación antes de que decidiera inhibirse en favor de los juzgados territoriales el pasado 18 de noviembre, el auto concluye que «no existía objeto procesal que justificase la iniciación del procedimiento», que el juez «era consciente de que carecía de competencia para instruir» una causa sobre hechos denunciados, y que la consideración de éstos como delito de Lesa Humanidad «no autoriza a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía».
A juicio del miembro del Supremo la investigación realizada por Garzón en la causa de las desapariciones «tuvo como único objetivo real controlar la realización de exhumaciones», asumiendo funciones que eran ajenas.
Cabe reiterar que, con argumentos en apariencia tan contundentes como los conocidos ayer, la Fiscalía solicitó reiteradamente el archivo de esta investigación.
Tal contraste de pareceres entre los profesionales del Derecho acentúa la sensación de que se trata de un caso al menos tan político como jurídico.
Tres frentes abiertos .- El lío por su investigación de las fosas franquistas no es, ni mucho menos, el único en que está envuelto el juez Baltasar Garzón, algo no demasiado extraño a la vista de que él ha sido el protagonista de buena parte de los principales procesos de los últimos años.
De hecho, el mismo Tribunal Supremo tiene ahora mismo pendiente la decisión de si admite o no a trámite la querella que el abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel presentó contra él por grabar sus conversaciones en la cárcel. Según el letrado, el magistrado no respetó las garantías de su cliente y le aplicó unos procedimientos que solamente son válidos en el caso de terroristas.
A la espera de que se aclare si tal acusación sigue adelante, Garzón debe también preocuparse por su imputación en referencia a los más de 300.000 euros recibidos del Banco Santander para costearse su estancia de estudios en Nueva York. Pese a que la vinculación de tal mecenazgo con la absolución al presidente de la entidad financiera, Emilio Botín, pocos meses después ya quedó descartada, ahora se cuestiona la legalidad de aceptar dicho estipendio por parte del juez.
Al respecto, el propio banquero cántabro explicó ayer mismo que la generosa aportación monetaria fue destinada para cursos en la Universidad de Nueva York, es decir, que el beneficiario era la institución académica, no la persona del juez.
«Operaciones con entidades es como abrir cuentas de ahorros», agregó, y subrayó: «Somos número uno en una colaboración intensísima con las universidades, y estamos encantados de hacerlo», algo que «hacemos incluso en países donde no estamos como China o Rusia».
Por su parte, el magistrado ya negó en su día haber gestionado o administrado los polémicos fondos y aseguró que sus ingresos no procedieron de los mismos. De hecho, tal y como expresó a través de su abogado, Garzón está convencido de que el Tribunal Supremo le ha tratado «peor que a cualquier ciudadano» por ser miembro del Poder Judicial.
