A la hora de la verdad, tampoco el juez Baltasar Garzón ha sido capaz de seguir sus propias directrices. El titular de la Audiencia Nacional, como la inmensa mayoría de los magistrados españoles, llevaba años pidiendo absoluto respeto y silencioso acatamiento a las sacrosantas decisiones de la Justicia… pero tan solo hasta el día en que le afectan a él personalmente.
Exactamente igual que cualquier particular cuando se siente lesionado por decisiones que estima injustas, por muy alta que sea la instancia que las adopte, Garzón ha montado en cólera al conocer la resolución de su colega Luciano Varela en la que éste se muestra partidario de enjuiciarle por su decisión de investigar los crímenes del franquismo.
A juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, los argumentos de su compañero del Tribunal Supremo son «insostenibles, incomprensibles y sin fundamento jurídico». Tal sarta de desmanes ha merecido el pertinente recurso, que ayer presentó el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, alegando que la decisión de juzgarle por su empeño en resucitar las desapariciones del antiguo régimen «resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundada en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal».
Para demostrarlo, además de pedir que se deje sin efecto el mencionado auto, el letrado de Garzón solicita la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad y que, supuestamente, defenderán la necesidad de indagar en los crímenes sucedidos seis décadas atrás.
Entre ellos, destacan la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.
El representante legal de Garzón también solicita la declaración de Juan Guzmán Tapia, el magistrado chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, así como la presencia de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.
A esto se añade la petición para que declaren varios catedráticos penalistas, todos como testigos, para aclarar cuál debe ser la aplicación de las normas del Derecho Penal Internacional en la persecución de los crímenes contra la humanidad.
Garzón, que parece empeñado en colapsar el Supremo y, de paso, conseguir toda la difusión informativa posible para su causa, reclama asimismo que acudan al estrado numerosos representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, varios magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron jurídicamente sus decisiones, el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.
A modo de indignado resumen, la alegación concluye que el auto incriminatorio de Varela se limita a una sucesión de calificativos «peyorativos» y no ofrece valoraciones jurídicas, ni hechos que demuestren el delito de prevaricación del que se le acusa.
En inestimable auxilio del magistrado de la Audiencia Nacional salió Jueces para la Democracia, una asociación de talante progresista, que, curiosamente, es el colectivo en el que milita el propio Varela, y que recordó que, tanto juristas de prestigio como algunas magistrados de la Audiencia Nacional han respaldado sin condiciones la actuación de Garzón en todo lo concerniente a la causa sobre las desapariciones durante el franquismo.
