El Tribunal Supremo vivió ayer una imagen poco habitual: la de un juez sentado en el banquillo. Baltasar Garzón asistía al Alto Tribunal para defender su instrucción del caso Gürtel, en la que intervino las conversaciones que los tres principales imputados mantuvieron con sus abogados. En las más de dos horas de declaración, Garzón explicó que esas escuchas no fueron ordenadas para conocer la estrategia de los letrados, sino para evitar más acciones delictivas. A su juicio, y según los datos de los que dispone, los abogados también formaban parte de la trama de corrupción.
La vista por las escuchas del caso Gürtel se inició antes del mediodía en medio de una gran expectación mediática. A las puertas del Supremo se agolparon numerosos medios de comunicación y decenas de personas que recibieron, con aplausos, al que fuera durante muchos años juez de la Audiencia Nacional.
El catedrático y abogado encargado de su defensa, Francisco Baena, inició la sesión planteando una serie de cuestiones previas. Entre ellas, argumentó que, por su condición de aforado, su cliente no podrá apelar ante una instancia superior, lo que supone «una vulneración de sus derechos».
La acusación tachó la propuesta de «sorprendente» y aseguró que no saldría adelante, «porque la legalidad es la que es».
Otra de las cuestiones previas, también rechazada, fue la recusación de otros dos magistrados, al dudar de su imparcialidad en el caso que se juzga.
Ya por la tarde, y una vez resueltos los asuntos previos, comenzó lo más esperado: el testimonio de Baltasar Garzón. El juez contestó, contra todo pronóstico, a las preguntas formuladas por la acusación en un interrogatorio que se prolongó durante más de dos horas.
En este tiempo, el magistrado defendió su labor al frente de la instrucción del caso Gürtel y justificó las escuchas que ordenó, y por las que ahora se enfrenta a 17 años de inhabilitación.
Los hechos se produjeron entre los meses de febrero y marzo de 2009 y fueron el fruto de dos autos ordenados por Garzón, con los que solicitó la intervención de las comunicaciones de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados respectivos.
La acusación considera que, con esta iniciativa, Garzón intentaba conocer la estrategia de defensa de los abogados, lo que supondría una grave vulneración de sus derechos constitucionales. El juez, además, «adornó» la medida, a juicio de los querellantes, con el dictado de una resolución aparentemente motivada, lo que constituiría un delito de prevaricación.
Con una voz muy débil y ronca, como consecuencia de la afonía que padece, negó que las escuchas le sirvieran para conocer la estrategia de defensa que, según él, «le importaba bien poco» para su investigación, pues su intención y su obligación como juez no era otra que la de «evitar la continuación de la acción delictiva» relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión de dinero.
El proceso judicial seguirá hoy y no será la única preocupación de Garzón, pues volverá a sentarse en el banquillo el próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar las víctimas del franquismo sin tener competencias, y aún no sabe con certeza si se abrirá juicio oral contra él por los pagos que supuestamente recibió en Nueva York.
