El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vivió ayer la segunda estación del Vía Crucis particular que suponen las tres querellas presentadas contra él en el Tribunal Supremo. En esta ocasión, su comparecencia se produjo a cuenta de la presunta aceptación de fondos para la organización de un ciclo de conferencias durante un permiso académico del que disfrutó en Estados Unidos durante los años 2005 y 2006. A juicio de los denunciantes, las cantidades, superiores a 300.000 euros, fueron directamente proporcionadas por el Banco Santander, una circunstancia ilícitamente vinculada con la circunstancia de que, meses después, no admitiera a trámite una querella contra directivos de la entidad cántabra a cuenta de las llamadas cesiones de crédito.
Durante su declaración, el titular del Juzgado Central de instrucción número cinco proclamó, tal y como viene sosteniendo, que nunca recibió ni un solo euro de la empresa presidida por Emilio Botín y, tal y como señaló a la salida su abogado, Enrique Molina, la carta que el magistrado dirigió al financiero y que se iniciaba con el encabezamiento «querido Emilio», «no quiere decir que percibiera cantidad alguna».
Siempre según la versión del letrado, en su declaración, Garzón dio «cumplida explicación» de su honorarios, y detalló que todos los percibió del Centro Juan Carlos I, dependiente de la Universidad de Nueva York, «con absoluta independencia» de que existiera «un patrocinio del Banco Santander». «Todos los fondos fueron orientados por la propia entidad académica, sin que él percibiera cantidad alguna de esas aportaciones del banco», insistió Molina.
Mientras, José Luis Manzón, uno de los juristas querellantes, aseguró que el juez «se sabe muy bien el papel de imputado», y sostuvo que durante su comparecencia ante el instructor se dedicó a «mentir» en relación con los documentos que obran en la causa y a «ocultar» los aspectos que no convenían a sus intereses.
Al parecer, los abogados que ejercen la acusación plantearon al magistrado unas 40 preguntas, mientras que el togado interrogador hizo lo propio, con entre 50 y 60 cuestiones. También participó en la sesión el fiscal Fidel Cadena, quien solicita el archivo de las actuaciones al entender que los hechos en ligitio no son constitutivos de delito.
En respuesta, Garzón detalló que los honorarios que percibió «rondarían los 160.000» dólares, de los cuales se descontaba lo necesario para el pago de su vivienda. «Es más -añadió-, la Universidad de Nueva York ha certificado en varias ocasiones que esas cantidades estaban pactadas con anterioridad a los patrocinios del Banco Santander y con cargo a los presupuestos y dotaciones de la Universidad».
Reconoció igualmente que durante todo este tiempo siguió percibiendo su nómina como magistrado «para cubrir necesidades familiares de aquí», y que el CGPJ nunca le solicitó información sobre las cantidades que pudiera estar percibiendo.
Garzón también fue preguntado por la carta que el representante de la entidad en EEUU, Gonzalo de las Heras, envió el 20 de enero de 2006 a Botín para comentarle la «conversación de navidades» que había mantenido con el juez, en la que se condicionaba la celebración del seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica a la disposición de «financiación suficiente entre Nueva York y Madrid».
«A la vista de ese documento, ¿estima el declarante que no tuvo nada que ver con la financiación del segundo de los cursos?», le preguntó durante la jornada de ayer el representante del Ministerio Público. «No estimo, sino que afirmo que no tengo nada que ver», respondió tajante Garzón antes de añadir que la conversación de navidades fue «la propia para felicitar las Fiestas».
Cabe recordar que en el ámbito de esta misma causa, el próximo 21 comparecerán los tres testigos solicitados por la acusación, María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en la ciudad estadounidense; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I; y el ex director del centro universitario neoyorquino James D. Fernández.
Los querellantes buscan que declaren ante el instructor por dudar de la veracidad de un documento aportada por la defensa, que certifica que el magistrado ni solicitó ni recibió financiación de la entidad.
Por el contrario, consideran que la documentación aportada por el Santander pone de relieve que 100.000 de los 302.000 dólares de que se compusieron los dos patrocinios de los cursos fueron desviados desde el banco directamente hacia la Universidad de Nueva York, evitando así su ingreso en las cuentas del Centro Juan Carlos I de España, que sí estaban controladas.
