En tanto que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, abanderaba una vez más la ofensiva política por el presunto chivatazo al aparato de extorsión de ETA y emplazaba al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que hoy dé la «la cara» en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, el verdadero impulso a la investigación del caso Faisán llegaba del ámbito judicial.
Después de que, tras meses de dilaciones y escaso entusiasmo por parte del juez Garzón, el lunes la Audiencia Nacional ordenara al magistrado «agotar las investigaciones» habida cuenta de la «extrema gravedad» de los hechos y ante la posibilidad agravante de que los responsables puedan ser miembros de las Fuerzas de Seguridad, el titular del Juzgado Central de Instrucción numero cinco se puso de inmediato manos a la obra y ha citado para esta misma tarde, en calidad de testigos, al jefe del equipo encargado de esclarecer la supuesta llamada que alertó a los terroristas de una redada inminente y que frustró efectivamente en 2006 una redada contra los encargados de recaudar el mal llamado impuesto revolucionario, y a otros dos agentes del operativo a los que se identifica como Unai y Sugoi. Además, Garzón preguntará oficialmente a las autoridades francesas si el soplo impidió la culminación de los arrestos.
El juez da curso así a la práctica de las nuevas pruebas que han solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personadas como acusación, que requerían el testimonio de los responsables policiales relacionados con el caso.
En su nuevo sprint procesal, el magistrado también ha cursado un escrito al Cuerpo Nacional de Policía en el que se piden los datos de la cabina situada junto al bar Faisán del guipuzcoano municipio de Irún, local que los terroristas usaban como base de operaciones, se reclama que se aclare si dicho teléfono estaba intervenido y si consta que el propietario del establecimiento, Joseba Elosúa, realizó alguna llamada.
Como complemento, el magistrado requiere que le sea facilitada la transcripción de todas las comunicaciones realizadas desde ese punto para esclarecer si el mencionado Elosúa conversó con el terrorista José Antonio Cau, al que considera enlace de la banda para el cobro de la extorsión.
A la vista del resultado de tal documentación, Garzón cursará una comisión rogatoria a las autoridades galas para solicitar un análisis del tráfico de las llamadas que se produjeron los días 3,4 y 5 de mayo de 2006, durante los que estaba prevista la operación policial contra los encargados del impuesto revolucionario.
Todo ello podría resultar innecesario si el ministro Rubalcaba atiende esta tarde en el Congreso las reclamaciones del PP y responde sin «poner excusas» a las dos preguntas que le quieren dirigir los populares sobre el chivatazo. No obstante, poco cabe esperar de tal interpelación, puesto que el socialista ya anunció días atrás que no ofrecerá explicación alguna en tanto en asunto esté en los tribunales y que, por consiguiente, cualquier aclaración por su parte deberá esperar a que la Justicia dicte una sentencia firme.
