El Tribunal Supremo absolvió ayer al exjuez Baltasar Garzón, por seis votos a uno, del delito de prevaricación del que se le acusaba por investigar los crímenes y desapariciones del franquismo careciendo presuntamente de competencia legal para ello. El auto de la magistratura afirma que cometió un «error», aunque no puede calificarse de delito porque fue corregido posteriormente por la Sala, que le declaró incompetente.
Pese a esta mayoría de apoyo al magistrado, el togado José Manuel Maza votó a favor de condenar al acusado, y, en sus alegaciones particulares, se mostró «seriamente» preocupado porque este precedente pueda dar pie a que otros jueces se encuentren habilitados para aplicar el principio de que «el fin justifica los medios». Además, según defendió el acusado «sabía perfectamente» que incurría en un «grave incumplimiento de la Ley» y afirmar lo contrario supone «un insulto a la razón».
Según la sentencia, la actuación del exmagistrado «aunque haya incurrido en exceso en la aplicación e interpretación de las normas, fue oportunamente corregido y no alcanza la injusticia de la resolución que requiere el delito de prevaricación.
Considera el Supremo que Garzón no perseguía exactamente la incoación de un proceso penal dirigido a depurar responsabilidad penal contra personas determinadas, sino que más bien «pretendía mediante la demanda de tutela judicial la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció».
Esta pretensión de las víctimas, según el Alto Tribunal, aunque razonable, «no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio dispuesto para atender estas legítimas pretensiones».
Asimismo, el auto reconoce que los hechos investigados por Garzón a raíz de las denuncias de las asociaciones de víctimas ya fueron reparados con la Ley de Amnistía de 1977 y la más reciente sobre la Memoria Histórica, aunque matiza que «no han concluido las actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación que la Ley de Amnistía persiguió».
Tras conocer la sentencia, el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que ejerció la acción popular contra Garzón, anunció que recurrirá dicha resolución ante el Tribunal Constitucional. El secretario general de la organización, Miguel Bernard, señaló que, si es preciso, llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que se trata de «una sentencia política».
Mientras, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseveró que respeta la decisión del Supremo sobre el exjuez y recordó que España tiene una magistratura «fuerte e independiente».
