La central de Santa María de Garoña centra estos días las miradas de quienes apuestan por su mantenimiento y quienes llevan años reclamando su cierre. Un debate que podría desaparecer mañana fecha en la que se agota el plazo para que Nuclenor, la empresa propietaria de la planta atómica, presente la documentación requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear; un paquete de documentos entre los que ya se contempla el plan de desmantelamiento y las medidas previstas para garantizar la seguridad en el entorno hasta el cierre definitivo.
Cuando apenas quedan dos días para que el plazo se agote, son muchos los que todavía se aferran a la esperanza de que Nuclenor reconsidere su postura y mantenga la central que abastece a toda la comarca y da trabajo a vecinos del entorno. Una de las personas más preocupadas por lo que pueda suceder en los próximos días es el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, quien teme que «si se cierra Garoña se acabe con la vida de toda la comarca».
Desde que Nuclenor hiciese pública, el pasado mes de septiembre, su decisión de no solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear han sido muchas las declaraciones que se han cruzado entre las partes implicadas en lo que desde algunos sectores se entendió como un pulso entre las eléctricas (Iberdrola y Endesa) y el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Todo comenzó cuando Nuclenor echó cuentas y vio que para mantener la planta seis años más era necesaria una inversión de alrededor de 140 millones, hecho que para la empresa propietaria generaba «una situación de incertidumbre que ponía en duda la viabilidad económica de la planta», fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta.
El Valle de Tobalina vive por y para Garoña. Desde hace décadas ha visto como decenas de familias han fijado su residencia en alguna de las localidades de la zona y se han ido creando comercios y servicios que sobreviven gracias a la central.
Alrededor de mil familias dependen directa o indirectamente de la central nuclear burgalesa. Una cifra que preocupa a la Diputación de Burgos y a su presidente, César Rico, quien ha mantenido una serie de encuentros en las última semanas con el Comité de Empresa para escuchar las peticiones de las personas que podrían quedarse sin empleo en un momento en el que el número de parados ronda ya los seis millones de personas. En este sentido, el órgano encargado de defender a la plantilla ha manifestado en numerosas ocasiones que «hará todo lo posible» y lo que esté en sus «manos» para «defender los intereses de todos los trabajadores» de Garoña.
Enresa es la empresa pública que se ocupa de la gestión y almacenamiento seguro de los residuos radiactivos que se producen en España. Ella sería la encargada de desmantelar Garoña atendiendo a los protocolos que se siguen en estos casos y en los que es necesario elaborar un calendario que, en el menor de los casos, supera los nueve años. De ahí que quienes hablan de una orden de desmantelamiento para Garoña planeen un calendario a muy largo plazo.
Una tarea costosa en la que es necesario realizar una adecuada gestión de materiales, así como una caracterización radiológica para clasificar los residuos convencionales, aquellos que se estimen como peligrosos, materiales desclasificables y residuos radiactivos y combustible gastado. Los especialistas sostienen que hay que tener especial cuidado con los tóxicos y peligrosos y especialmente con los residuos radiactivos.
