Llevaba tiempo en una prudente segunda línea, pero ayer Gallardón enseñó sus cartas. El titular de Justicia compareció ante el Congreso para explicar las líneas generales de la política que llevará en los próximos cuatro años. Una larga lista de iniciativas entre las que se encuentran algunas de gran calado, como la reforma de la Ley del Aborto y la creación de tasas judiciales. Entre los planes del ministro, también se encuentra la aplicación de la prisión permanente revisable y la modificación de la Ley del Menor.
En una intervención cargada de contenido, Alberto Ruíz Gallardón explicó que todas sus aspiraciones parten de un objetivo común: la «regeneración democrática» de las altas instituciones, algo fundamental para acabar con el desprestigio existente en el Poder Judicial.
En este sentido, el primero de los retos que afrontará será acabar con «la sombra de la politización», devolviendo a los jueces la potestad de decidir quiénes integran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De esta manera, 12 de los 20 vocales serán elegidos por los jueces, mientras que los ocho restantes deberán ser fruto del consenso y no «objeto de intercambio político».
En la actualidad, esos 12 vocales son elegidos por el Parlamento de entre los propuestos por asociaciones judiciales, un sistema «perverso», a juicio de Gallardón, que facilita que cada decisión esté «asociada al origen partidario» de los miembros de este órgano.
El otro gran problema que afronta la Justicia es, según el ministro, el «exceso de litigiosidad». Por ello, el político ha diseñado una fórmula de pago para «evitar abusos» y aprovechar mejor los recursos disponibles. «Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y solicita un segundo pronunciamiento, se aplicará el nuevo modelo de tasas», anunció.
Su idea fue interpretada por algunos medios como una especie de copago judicial. Preguntado por si este modelo vulnera el derecho de acceder a la Justicia en igualdad de condiciones, su respuesta era rotunda: «en modo alguno».
Las tasas no serán obligatorias para todos los ciudadanos. Estarán exentas del pago las personas que acrediten falta de recursos, una fórmula que también se pretende aplicar en el modelo de justicia gratuita.
En cuanto a las reformas legislativas parciales, Gallardón propuso la de la Ley del Aborto, un anuncio que se esperaba por parte de Sanidad. Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida, que fue aprobada sin el consenso, con la opinión desfavorable de los órganos consultivos».
Su intención es modificar la legislación en los términos ya definidos en 1985 por el Constitucional. Asimismo, se exigirá el consentimiento paterno para aquellas menores que quieran abortar.
La otra gran novedad en esta legislatura será la posibilidad de aplicar la segunda instancia penal y la condena de prisión «permanente y revisable». Esta última, será configurada como una medida «excepcional» para supuestos muy concretos, en los que se haya alcanzado «el máximo grado de repulsa social». «No estamos hablando de una prolongación de penas privativas de libertad y quiero insistir en que ese carácter revisable será compatible con la reinserción del preso», apuntó.
Gallardón también pretende cambiar la Ley del Menor, posibilitando el doble enjuiciamiento cuando, en un mismo delito grave, haya concurrido la participación de mayores y menores de edad, como ha podido suceder con el caso Marta del Castillo. «Creo que hay una sensación de que la ley no da respuesta a muchos problemas que se plantean en nuestra sociedad», manifestó.
Por último, sobre la legislación penitenciaria que pudiera afectar a los presos de ETA, el ministro fue muy contundente: «la amnistía no cabe en nuestra Constitución», afirmó, por lo que, «mientras los indultos generales están prohibidos», los individuales estarán sometidos a requisitos», como «la petición individualizada de perdón y la reparación de las víctimas».
También hizo una mención a la Doctrina Parot, según la cual los beneficios penitenciarios se aplican a cada una de las condenas que tenga el interno, y no al cómputo máximo de las penas
