La resaca por la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Bilbao en favor de los presos de ETA ya tuvo ayer respuesta en Madrid. Así, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, advirtió de que la Constitución «excluye» la figura de la amnistía, e insistió en que la política penitenciaria del Gobierno «se basará siempre en la legalidad», por lo que las medidas que se adopten requieren de «una disposición individualizada» de los condenados para pedir perdón y «reparar» a sus víctimas.
Además, aseguró que al cese de la violencia «gratuita, cruel y unilateral» de la organización criminal, le debe suceder la disolución de sus estructuras y el desarme total.
A juicio del exalcalde de Madrid, en la actualidad, «la firmeza del Estado de Derecho y de la sociedad vasca y española han forzado el desistimiento de sus crímenes, esperemos que, de modo definitivo, de aquellos que intentaban imponer su modelo totalitario».
Por ello, Gallardón recalcó que es necesario permanecer «vigilantes» para «evitar que los recursos y mecanismos de la democracia sean empleados en su contra». Asimismo, avisó de que «resulta vital para la salud moral» de la sociedad impedir «que el sufrimiento y el sacrificio de tantos inocentes sea falsificado por quienes intentan reescribir la historia equiparando a víctimas y verdugos».
Además, destacó que la Carta Magna establece que la política penitenciaria ha de aplicarse de forma «individualizada» a cada preso. Según explicó, «se basará siempre en la legalidad, y en consecuencia exigirá una disposición individualizada por parte de los reclusos condenados».
Según precisó, esta «disposición individualizada» deberá ajustarse «a los requerimientos normativos», que fijan la necesidad de «petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas».
Por otra parte, el político madrileño destacó el papel «esencial» de la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza en la lucha contra ETA. Asimismo, aseguró que estos agentes «no bajarán la guardia en la protección de las libertades, de los derechos individuales y colectivos, y de los principios constitucionales».
Las reacciones en el mundo abertzale no se hicieron esperar. Así, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, criticó que el ministro haya hablado «de dificultades, pegas y límites», y no de «soluciones», por lo que consideró que «eso no es lo que tiene que hacer un político que mira al futuro».
Mientras, el equipo de Interior de Jorge Fernández anunció que viajará al País Vasco el día 24 para entrevistarse con el consejero vasco Rodolfo Ares. Ambos dirigentes abordarán la retirada de escoltas a amenazados. Quizás se hable también de la política penitenciaria, como hizo ayer el lehendakari, Patxi López, que volvió a presionar a Rajoy: «Se puede poner en marcha ya el acercamiento de presos, terceros grados y excarcelación de reclusos enfermos, sin vulnerar ningún principio legal ni de Justicia». Y añadió: «Ellos se deben deshacer, primero, del yugo de la banda. No se puede hablar de ellos como si fueran una maldición bíblica, cuando han asesinado».
Los familiares de las víctimas siguen con preocupación los acontecimientos. Así, la popular Teresa Jiménez Becerril sostuvo en Facebook: «Acabo de ver la manifestación de Bilbao a favor de excarcelar y beneficiar a los asesinos de ETA. Y mi madre ha dicho: ¡Anda que hay cuatro!, refiriéndose a la cantidad de gente que había, pidiendo la injusticia de favorecer a quienes nos han robado la vida de los nuestros y han atemorizado a los españoles. No hay que claudicar por mucho que se echen a la calle. No deja de ser triste ver que los asesinos tienen más apoyo que sus víctimas».
