Funcionarios de prisiones de Castilla y León, en respaldo a una convocatoria de ámbito nacional, se han manifestado este jueves en diversas capitales de la comunidad autónoma para protestar contra la proliferación de agresiones sufridas por parte de internos, y pedir más medios y formación.
Todas las reivindicaciones se concentran en una ley de función pública de funcionarios de prisiones, comprometida por el Gobierno de España «en sede parlamentaria» y que, después de tres años, «seguimos sin ella», ha lamentado Ignacio Hernández, secretario de Organización del sindicato ACAIP, durante la concentración celebrada en Valladolid.
Ha sido delante de la Delegación del Gobierno, protagonizada por medio centenar de funcionarios en representación de los sindicatos CSIF, UGT y ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).
«No tenemos nada que ver ni con policías nacionales ni con guardias civiles, somos un cuerpo específico y, a fecha de hoy, no tenemos una ley que nos regule. Es desesperante porque mientras tanto nos están masacrando», ha añadido el portavoz de ACAIP en declaraciones a los periodistas.
Ignacio Hernández se ha referido a las frecuentes agresiones durante los últimos días, algunas de extrema gravedad como la ocurrida en el Centro Penitenciario Murcia 2 donde un interno «a punto estuvo de seccionar la yugular de un funcionario, por un centímetro, con una lata de comida», ha puesto como ejemplo.
El portavoz de ACAIP, por otra parte, ha denunciado que las agresiones reconocidas por Instituciones Penitenciarias sino «cuatro veces más», ya que el Protocolo Específico de Actuaciones Frente a las Agresiones (PEAFA), según ha explicado, no contempla como tales las amenazas, insultos y reyertas que directamente no tengan a los funcionarios como destinatarios.
«No es verdad que cada treinta y seis horas un funcionario es agredido. Hay muchos más, lo que pasa es que al Gobierno de España le interesa el ocultismo y la manipulación» para afrontar una situación que también tiene derivaciones en la falta de formación y provisión de plazas específicas, ha matizado.
Faltan médicos y principalmente psiquiatras, una especialidad que no está reconocida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de ese sector laboral, ha reprochado Ignacio Hernández, con el agravante de que el 30 por ciento de los internos en las cárceles de España «tienen patologías psiquiátricas», ha abundado.
Entre enero y mayo último, en los centros penitenciarios se han recogido ‘pinchos carcelarios’, 112 móviles y decomisado 930 gramos de cannabis, 87 de opiáceos, 20 de cocaína, 9 de heroína y numerosas pastillas de diversas sustancias.
Por su parte, el portavoz autonómico de CSIF en instituciones penitenciarias, Fermín Pinto, se ha referido a la existencia de 716 vacantes de funcionarios en Castilla y León, además de un 70 por ciento de plazas médicas sin cubrir, y ha contabilizado aproximadamente medio centenar de agresiones anuales en las cárceles de la comunidad autónoma.
Ambos representantes sindicales han sido recibidos por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, debido a la presencia en Soria de la delegada, Virginia Barcones, para participar en un ato de recepción de guardias civiles en prácticas de verano.
