15 de diciembre de 2015. Un nutrido grupo de vecinos de Fuentepelayo se reúne para recibir a José Sarrión. Nada más empezar a hablar con los concentrados, el líder de Izquierda Unida – Equo en las Cortes de Castilla y León se percata de la indignación con la planta de compostaje ubicada en la localidad. Escucha historias, muchas historias. Le duele especialmente la de una mujer, con lágrimas, confesando que sus hijas ya no quieren ir en verano a Fuentepelayo, por el mal olor. Recuerda también otras quejas, la de quien dice que no puede tender la ropa en el balcón y la de aquel que asegura que no mete el coche en el garaje de su casa, pues la fetidez desprendida por su vehículo, después de pasar el día en el campo, impregna todo el edificio.
Aquella visita de Sarrión a Fuentepelayo generó polémica. Y pocos días después, el 31 de diciembre, se produjo la agresión a uno de los impulsores del viaje del político. “En Fuentepelayo —aseguró ayer Sarrión, en Segovia— hay un problema, y queremos forzar al Gobierno
autonómico para que intervenga”.
Con la sospecha de que en la planta de compostaje se llevan a cabo actividades para las que no tiene licencia, y en aras de desvelar ese misterio, IU – Equo ha llevado a cabo diversas iniciativas. Además de preguntar al Gobierno regional por el asunto, ha solicitado la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente y, últimamente, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), también apoyada por Podemos.
De forma paralela, los vecinos de Fuentepelayo se están movilizando. El pasado 29 de diciembre un grupo constituyó la plataforma ‘No más mierda’, cuya denominación refleja a las claras su principal objetivo. Su presidente, José Luis Ordóñez, aseguró ayer, tras recordar que Ecologistas en Acción ya denunció el asunto hace cinco años, que se trata de “un grave problema de salud pública”, pues la planta de compostaje no solo contamina el aire, sino también el suelo y el agua, con el agravante de que el daño no se constriñe a Fuentepelayo y los municipios colindantes, pues se expande a través del río Cega, llegando al Duero.
Teniendo el convencimiento de que la finalidad de esta planta “no es generar compost”, Ordóñez reclama a la Junta que investigue para descubrir “qué negocio hay detrás”. Ayer, él reveló que a la planta llegan camiones “a horas inusuales, más de noche que de día”, agregando que la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales S.L. cuenta con un sistema de vigilancia para evitar que esos vehículos pasen por controles de la Guardia Civil. “Se los desvía por caminos rurales o se los paraliza en gasolineras”, denunció.
Ordóñez, quien no dudó en censurar los métodos de esa sociedad, relató diversas “agresiones”, “coacciones” e “intimida- ciones” llevadas a cabo por el personal de confianza del empresario. Ante esa situación, lamentó que en Fuentepelayo se haya instaurado “una ley del silencio”, por “miedo” a las represalias.
Los vertidos, cuya procedencia sitúa la plataforma ‘No más mierda’ principalmente en mataderos, depuradoras y hospitales, se localizan en diez parcelas de Fuentepelayo y Zarzuela del Pinar (una de ellas, propiedad del primer municipio), donde se van pudriendo. “Son vertidos en toda regla —criticó el coordinador provincial de IU, José Ángel Frías—; con ese material no se hace compost”. De acuerdo a las estimaciones de Ordóñez, en el campo permanecen esparcidas más de 6.000 toneladas de basura.
Después de cinco años aguantando la pestilencia, ‘No más mierda’ celebrará una asamblea general el 30 de enero, en la que decidirá que acciones llevar a cabo, sin descartar ninguna. “Vamos a persistir en nuestras denuncias, y terminaremos ganando”, pronosticó Ordóñez.
La Junta asegura que “no hay ningún motivo de alerta ciudadana”
La visita del portavoz de Izquierda Unida- Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, para denunciar públicamente los problemas que la planta de compostaje crea en Fuentepelayo, estaba anunciada de antemano. Así que el delegado de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, había hecho los deberes y, en su comparecencia ante los medios durante la visita a una exposición infantil, no dudó en afirmar que la actuación del Gobierno regional en este tema siempre ha sido la correcta.
“La Junta en este asunto ha venido haciendo lo que tiene y puede hacer. En 2009, empezó la empresa a funcionar y es el Ayuntamiento [de Fuentepelayo] el competente para otorgarle la licencia —explicó el delegado—. Nosotros [la Junta de Castilla y León] hacemos los informes preceptivos, que son muchos y muy variados, en principio sobre la propuesta y luego para comprobar que se cumplen los términos de la licencia, y eso se hace desde distintos ámbitos: desde la Consejería de Agricultura, que es la competente por la materia de que se trata y que tiene que hacer, a parte de las comprobaciones iniciales, tres inspecciones al año; la Consejería de Medio Ambiente, puesto que se trabaja con materiales susceptibles de provocar contaminación; y desde Sanidad, que no hay que hacerlos, pero sí los hacemos porque, si la gente cree que puede haber un peligro, yo tengo la obligación de asegurarme de que no lo hay”.
Recalcó López-Escobar que “esas inspecciones preceptivas se han ido haciendo y se han detectado pequeñas irregularidades, como en cualquier otro proyecto, ante los que se ha actuado inmediatamente y se han corregido o se han establecido las sanciones oportunas”. “Eso es lo que la Junta tiene que hacer”, sentenció.
“A mayores —añadió—, en los últimos dos años hemos ordenado inspecciones de todos esos organismos para tener la garantía de que no había contaminación ni afección. Han ido los veterinarios, los médicos, personal del Seprona, se han recogido muestras en distintos lugares… Porque lo que yo tengo que garantizar es la salud pública”.
Por todo ello, continuó el delegado, “no voy a entrar en si esa planta tiene que estar ahí o no, sino que voy a trabajar intensamente para garantizar la salud. Y por lo que me dicen quienes pueden decirlo no hay el menor riesgo para la salud”.
