Una ley ‘perniciosa’ que amenaza la supervivencia de 204 de los 208 ayuntamientos de la provincia, que busca privatizar los servicios que prestan los municipios y que pone en serio riesgo los 636 empleos, de personal laboral, que trabajan para estas localidades.
El sindicato FSP-UGT advirtió ayer que la Ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno Rajoy provocará la práctica desaparición de los 204 municipios con menos de 5.000 habitantes y la supresión de las 17 entidades locales que existen en la provincia.
FSP-UGT indicó que la reforma local supone un «torpedo a la flotabilidad» de esos 204 ayuntamientos, que emplean a 274 funcionarios y 636 laborales. El sindicato manifestó su preocupación por el futuro laboral de estos últimos trabajadores, encargados, en su mayoría, de prestar servicios en la calle de los pueblos (relacionados con el alumbrado, la jardinería o la pavimentación); en la hipótesis de que los servicios que prestan pasen a depender de la Diputación Provincial y esta institución opte, como así lo autoriza la ley, a su privatización.
Así lo aseguró ayer, en rueda de prensa, el secretario general de FSP-UGT, Miguel Ángel Mateo, que estuvo acompañado por la secretaria de Acción Sindical, Isabel García Cabeza, y por el secretario de Administración local, Miguel Ángel López Camacho.
Mateo precisó que la reforma local modifica el artículo 116 de la Ley de Bases de Régimen Local para que las diputaciones asuman la obligación de asumir todos los servicios de los ayuntamientos en los que el «coste por servicio y habitante», en lo relativo a agua, basura y pavimentación, supere lo que marcará, de forma anual, el Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas. Mateo precisó que todos los ayuntamientos deberán remitir a la web del Ministerio cuanto les cuesta la basura, el alumbrado, la pavimentación o el reciclaje de residuos y antes del 1 de noviembre de 2014 conocerán el coste de servicio por habitante que marcará el departamento de Montoro. De esta manera, añadió, si el coste de prestación del servicio por parte del municipio resulta superior a la cifra marcada por el Ministerio, la competencia pasará a la Diputación Provincial.
«En ese caso, ¿qué pasará con esos 636 personas de personal laboral que tienen los municipios y las mancomunidades? ¿Esa plantilla la asumirá la Diputación como personal propio? ¿O irán a la calle gracias a la reforma laboral?», se preguntó el secretario general de FSP-UGT, quién matizó que «aunque no quiera un alcalde toda la recaudación por el cobro de tasas pasarían entonces a la Diputación», sin que se garantice, sin embargo, la estabilidad laboral de los trabajadores.
Por otro lado, Mateo también denunció el ‘fracaso’ de la Ley en relación a la reducción de salarios de los alcaldes y personal eventual al servicio de la administración local. Puso como ejemplo que, en función del número de habitantes, el alcalde Segovia debería cobrar, por ejemplo, un 35% menos que un secretario de Estado, el de un municipio con más de 5.000 habitantes, caso de El Espinar, un 55% menos, y el de menos población que el anterior, caso, por ejemplo, de Fuentepelayo, hasta un 60% menos. «En todos los casos el salario está ya por debajo, la ley no sirve para nada», ha asegurado el representante sindical, quien también indicó que, en lo que se refiere a Segovia, la Ley no tendrá ningún efecto en relación a los cargos eventuales o de confianza.
Y es que, según precisó, en poblaciones superiores a los 50.000 habitantes, caso del Ayuntamiento de Segovia el número de cargos eventuales puede ser el mismo número que el de la mitad de la corporación. En lo que se refiere a la Diputación se toma como referencia al municipio de mayor población de la provincia, esto es, la capital; por lo que en ambas entidades se podría contar con hasta 13 personas de confianza contratadas como personal eventual. «El efecto es nulo, no se reduce nada», ha añadido Mateo, quien, a su juicio, la Ley solo «sirve para privatizar en exclusiva los servicios que prestan los Ayuntamientos».
