Este Gobierno hace bandera de los cientos de miles de vidas que ha salvado (¡) y de los apoyos económicos —en su mayor parte préstamos y avales—que ha facilitado a, prácticamente, todos los sectores económicos y sociales, como, por otra parte, es su obligación y han hecho, en muchos casos con mayor amplitud y ambición, casi todos los Gobiernos occidentales. Todo eso es verdad menos en un sector, el de la educación. Para ser exactos, el de la enseñanza concertada que acoge a millón y medio de alumnos, decenas de miles de profesores, y 2.500 colegios repartidos por toda España. Aproximadamente un 25 por ciento del total de la educación no universitaria.
Todos los centros sostenidos con fondos públicos se repartirán 1.600 millones de euros —otros 4.000 irán a las Universidades— para adaptarlos a las necesidades que impone el Covid-19 —mascarillas, geles de protección, separación de alumnos, nuevas aulas, nuevos profesores, obras en los centros—. Todos, menos los centros concertados que han sido excluidos por el Gobierno de España, aunque las autonomías podrán hacer excepciones. Ese dinero no sale de los bolsillos de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias sino del de los contribuyentes, lleven o no a sus hijos a la escuela pública.
Aunque la ministra de Educación ha dicho que “no hay ningún problema ideológico” con la concertada, en el debate de la Comisión para la Reconstrucción, la portavoz del PSOE, María Luisa Carcedo reiteró que claro que había sido decisiva “la ideología del PSOE”. Y solo con los votos de PSOE, Podemos y ERC la reconstrucción se limitó a la escuela pública.
Aunque la ministra de Educación habría garantizado un reparto equitativo, “dando a cada una lo que le corresponde sin diferenciar entre escuela privada y pública”, la concertada se queda sin nada. Y sus centros tendrán que afrontar todos los gastos sin cobrárselos a nadie. Celáa, que lleva a sus hijas a la escuela concertada, matizó que “de nada sirve dar más a quien ya tiene más”. Tal vez por eso, el Estado paga a la concertada, por cada puesto escolar, la mitad de lo que le cuesta en la pública. Y nada por las inversiones y el mantenimiento imprescindibles que sí sufraga en los públicos. Y, tal vez por ello, la ministra olvida la enorme cantidad de centros concertados que tienen decenas de nacionalidades en sus aulas, no precisamente de las élites, o un porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, superior al porcentaje que le corresponde. Si alguno no acoge al número de inmigrantes que acogen otros centros públicos, que se inspeccione, se analicen las causas, se denuncie y se sancione si procede.
Aunque la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha dicho que “la escuela concertada está perfectamente respetada, contemplada y acreditada en la nueva ley escolar que se está tramitando” es mentira porque esa ley ha sido elaborada sin diálogo y sin ningún consenso y su tramitación se ha acelerado aprovechando el estado de alarma para limitar los derechos de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección de casi dos millones de familias —a las que tampoco se ha escuchado— “a la planificación administrativa”.
¿Escuelas elitistas, selectivas, diferenciadoras? Que se lo digan a los centros de los salesianos en las “3.000 familias” de Sevilla y en otros muchos barrios pobres o con mayor demanda social de toda España. Y a casi todas las órdenes religiosas y a los centros de titularidad no religiosa. No son colegios de ricos por mucho que algunos lo repitan. El “sanchismo” quiere acabar con lo que creó el socialismo de Felipe González y Maravall, que no era, precisamente, un liberal. Decía Margarita Robles que “los ciudadanos nos piden que dejemos la confrontación”. Por eso no se entiende —o sí— que algunos la provoquen, pocos días después de que la vicepresidenta Calvo se reuniera con el presidente de la Conferencia Episcopal para “dialogar y colaborar”. Comprobado.
Convertir la escuela en campo de batalla es otro enorme disparate.
