El Gobierno francés volvió ayer a echar un pulso a la Unión Europea al negarse a suspender las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros, tal y como la Eurocámara le exigió horas antes.
El ministro de Inmigración, Eric Besson, replicó a una severa reprimenda de los eurodiputados por su política contra los inmigrantes subrayando que Estrasburgo se ha excedido en sus prerrogativas. «Está descartado que Francia suspenda las reconducciones de inmigrantes a los países de origen, sean rumanos, búlgaros u otros ciudadanos», afirmó Besson desde Bucarest.
El titular del Interior, quien se encontraba en la capital rumana junto al secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, para discutir con las autoridades del país precisamente sobre dichas expulsiones, defendió que esos procedimientos se ajustan a derecho. «Francia está aplicando escrupulosamente las leyes europeas, las de la República gala y las decisiones judiciales», argumentó.
En lo que respecta a la resolución adoptada en la mañana de ayer por el Parlamento Europeo, que exige a París la suspensión inmediata de su política de repatriaciones, el ministro señaló que, aunque la institución merece sus respetos, se ha excedido en sus prerrogativas y «nosotros no tenemos que someternos a ese dictado político. No vamos a cambiar nuestra hoja de ruta».
En paralelo, Lellouche denunció «la enorme burbuja de hipocresía, en Francia y en nuestros socios europeos», porque se culpa a París «de un problema que no se ha tratado en 10 años y en el que hemos sido los primeros en decir: Europa tiene que movilizarse».
En una entrevista publicada por el periódico Le Monde, el titular de Asuntos Europeos insistió en que «la libertad de circulación no consiste en instalarse en otro país de la UE durante meses o años sin tener recursos».
«Francia no tiene vocación de convertirse en una ventanilla social, ni acoger a dos millones de personas con grandes dificultades que vengan de otra parte de Europa», añadió.
Por eso, los dos responsables reclamaron a Rumanía que dé a conocer, «lo más pronto posible, un plan de acción de urgencia para la integración de la comunidad gitana» que permitiría atribuirle fondos europeos. «Si se cree que se pueden desplazar, dentro de la UE, poblaciones en dificultades y ponerlas a cargo de otros países, ellos mismos en crisis, corremos el riesgo de poner en peligro la idea misma de Europa que intentamos construir», advirtió.
El pleno del Parlamento Europeo condenó la política de expulsiones del Gobierno galo con 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones.
El texto fue respaldado por socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y los Verdes y se impuso a otra propuesta promovida por el Partido Popular Europeo que, con el apoyo de los conservadores británicos, abogaba por una mayor integración de la comunidad romaní, pero evitaba mencionar las medidas de Sarkozy. El texto de los populares fue rechazado por 328 votos en contra y 287 a favor.
Los eurodiputados reclamaron a Bruselas que tome «las medidas necesarias» en el caso de que algún país incumpla las normas, en concreto con procedimientos de infracción».
