La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell acusó en la jornada de ayer al Tribunal Constitucional de estar “politizado” y de utilizar “criterios políticos en lugar de jurídicos” a la hora de tomar sus decisiones con respecto a Cataluña y se escudó en este argumento para justificar los incumplimientos de la Mesa con respecto a las resoluciones que iba dictando el tribunal de garantías durante el proceso independentista.
“Yo respeto al Tribunal Constitucional. En ningún momento, ningún miembro de la Mesa del Parlament tuvo en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Es más, yo valoro los avances del tribunal en defensa de los Derechos Humanos, pero en los últimos años ha habido una politización y a la hora de juzgar determinados temas relacionados con Cataluña y territoriales ha utilizado criterios políticos en lugar de políticos”, dijo Forcadell en su declaración en el juicio del ‘procés’.
La expresidenta fue la última en comparecer de los 12 acusados en este juicio y durante una hora estuvo respondiendo de forma muy concreta, a veces con monosílabos, a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, quien planteó un interrogatorio muy técnico.
A la hora de empezar a declarar, las cuestiones se centraron más en las iniciativas y leyes anuladas por el Constitucional, empezando por la resolución aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015 que dio inicio al proceso independentista, conocida como resolución de ruptura.
Un “sainete”
Forcadell, para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión por el delito de rebelión, afeó esta sentencia del Constitucional porque, a su juicio, este tribunal pedí a la Mesa un “imposible”, que era convertirla en un “órgano censor”. Según defendió, “la Mesa tiene que favorecer el debate” y, por tanto, no es su “potestad” entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias ni valorar su constitucionalidad.
La expresidenta del Parlamento catalán imitó la estrategia de defensa del resto de acusados en el juicio por el proceso independentista al asegurar que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue una mera “declaración política” que no tenía “trascendencia jurídica”. Ha sido entonces cuando la fiscal Consuelo Madrigal ha querido saber si entonces se trataba de un “sainete” o un “teatro”, comentario que ha molestado a la exdirigente catalana.
Ya en respuesta a las preguntas de su abogada, Olga Arderiu, Forcadell señaló que “jamás” ha alentado un acto de violencia y que está dispuesta a renunciar a sus convicciones “si ellas comportan violencia”. La expresidenta del Parlament agregó en esta última fase de su declaración que no entiende por qué está siendo juzgada por este tribunal cuando los trámites parlamentarios son los mismos que sus compañeros de Mesa, que están acusados de desobediencia.
