El Gobierno dijo ayer basta a la tiranía de los controladores aéreos, una casta privilegiada que, lejos de conformarse con los más de 350.000 euros anuales que gana como media, continúa apretando las clavijas a la Administración en busca de mejores condiciones laborales.
En tal sentido, el ministro de Fomento, José Blanco, detallaba ayer en el Congreso que estos profesionales cobran «casi el triple» que los británicos y alguno llegó a ingresar casi un millón de euros, pese a su «excesivamente baja productividad». «No es posible que tengamos 713 controladores que ganan entre 340.000 y 540.000 euros», insistió el socialista antes de advertir de que el Estado «no puede pagar a precio de oro las horas extra». Por este motivo apeló a los integrantes de este colectivo a que suscriban un «particular compromiso» para «racionalizar sus condiciones de trabajo», equiparándolas a sus homólogos europeos, con el objetivo de equilibrar las cuentas de Aena y ofrecer «tarifas más competitivas».
Más allá de que de motu propio desistan de su tradicional intransigencia, la primera medida que adoptará el Ejecutivo será eliminar la figura del controlador aéreo de los 12 aeropuertos más pequeños de España, es decir, aquellos que cuenten con menos de 50 peraciones diarias. Estos profesionales serán sustituidos por un sistema automatizado, que estará supervisado por técnicos, con salarios mucho menos elevados y que permitirán reducir los costes. Los profesionales amortizados pasarán a los aeropuertos con mayor tráfico, de modo que se podrá racionalizar los turnos y harán innecesarias las horas extras.
Así lo anunció ayer en el Congreso el titular del ramo, que detalló que solamente una decena de los 48 aeropuertos de Aena obtuvieron beneficios el pasado año, mientras que los dos más importantes, Barajas y El Prat, registraron pérdidas de 300 y 42 millones de euros, respectivamente, que en el caso del centro madrileño se elevarán a 311 millones en este 2010, mientras que en el catalán se triplicarán hasta alcanzar los 145.
Además, Barajas acumula una deuda de 6.000 millones, mientras que los números rojos de las instalaciones de la Ciudad Condal ascienden a 1.813 millones.
Para dotar de algo de racionalidad económica a tan desolador panorama, Blanco explicó que se pondrá de inmediato en marcha un nuevo modelo para regir la navegación aérea que separará la gestión aeroportuaria del tráfico de los aviones y creará «aeropuertos singulares» que contarán con la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio.
Estos aeropuertos, aún por determinar, pero que serán los que cuenten con mayor volumen de tráfico, especial complejidad de gestión y viabilidad financiera, estarán regidos por sociedades filiales de nueva creación cuyo consejo tendrá mayoría estatal, con un 51 por ciento, mientras que otro 39 por ciento se repartirá entre las administraciones regionales y locales y las cámaras, mientras que el 10 por ciento restante corresponderá a capital privado. Una nueva sociedad de titularidad estatal denominada Aeropuertos S.A y controlada por el Gobierno coordinará a todas esas filiales.
