El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el fin casi definitivo de la mascarilla, 699 días después de que se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la primera orden que la hacía obligatoria. España dice así a uno de los símbolos de la pandemia, al menos en la mayoría de las situaciones, excepto en centros sanitarios y sociosanitanitarios y en todos los transportes.
El real decreto, que entrará en vigor mañana una vez se publique en el BOE, deja en manos de las empresas la potestad de imponer o no su uso a los trabajadores a partir de la valoración que hagan los servicios de prevención de riesgos laborales, mientras que en el resto de ámbitos pasará a estar solo recomendada.
Será por ejemplo el caso de los colegios, donde ya no será obligatorio llevar mascarilla en las aulas, aunque sí se aconsejará para los profesores con alguna vulnerabilidad; tampoco se exigirá en comercios, supermercados, restaurantes y bares, así como gimnasios, teatros, cines o conciertos, pero sí será recomendable para personas con factores de riesgo.
En ámbitos sanitarios, tendrán que ponérsela visitantes y trabajadores de hospitales, centros de salud o de transfusión de sangre y farmacias, salvo para las personas que estén ingresadas, o residencias, en las que tampoco los mayores tendrán que ponérsela.
Y toda la población en transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, autobuses y VTC y en los barcos cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia.
Una decisión que ha sido posible porque la situación de la pandemia así lo permite: a la «altísima cobertura vacunal» del 92 % en mayores de 12 años se suman unos indicadores a la baja y una disminución de la gravedad de la enfermedad, ha explicado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
