El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros de Caja Madrid en el marco de la causa en la que investiga los gastos personales cargados por valor de 15,5 millones a las tarjetas ‘black’ desde 1999 hasta 2012. El magistrado da un plazo de tres días para pagar las fianzas, que oscilan entre los 11.000 euros y los 610.000 euros señalada para el exconsejero de la caja propuesto por IU, José Antonio Moral Santín, con el fin de cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la causa en la que se investigan los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las tarjetas ‘B’.
El juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de “ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial”. En este sentido, alude a la inexistencia de justificantes, preceptos estatutarios o disposiciones contractuales que permitan la “atribución de estos fondos al marco retributivo de los consejeros”.
Andreu considera que esta “práctica irregular” causó un “perjuicio” a la entidad y que “no es de recibo que los consejeros manifiesten que nadie les llamó la atención” por su uso en provecho propio. En su opinión, deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta práctica por el bien de la caja pues esta supervisión y control estaba entre sus atribuciones.
Responsabilidad
“La simple condición de consejero y la aceptación de dicha responsabilidad presupone el conocimiento de que no se puede entender como aceptable la entrega de una tarjeta para su uso discrecional y sin necesidad de justificar las necesidades del gasto”, explica el juez.
En este sentido, recalca que la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid hizo aumentar “el límite cuantitativo” de las tarjetas y desaparecer “por completo” el “control cualitativo”, al tiempo que los movimientos de fines de semana o festivos en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.
Además de Moral Santín, el magistrado impone las fianzas más altas al sindicalista de CCOO Francisco Baquero (356.000 euros), al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, del PP (341.000 euros), al exsecretario de Organización del PSM Antonio Romero (337.000), al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada (283.000) y al exconcejal socialista José María de la Riva (279.000).
Gastos de representación
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se remonta a la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid celebrada el 30 de octubre de 1995, cuando el entonces presidente Jaime Terceiro informó de la entrega de los plásticos a los consejeros y miembros de la Comisión de Control “única y exclusivamente” para gastos de representación, inherentes a las labores propias de su cargo.
El predecesor de Miguel Blesa y presidente desde 1988 hasta 1996 explicó los controles cuantitativos y cualitativos de las tarjetas, que tenían un tope de 600 euros que los consejeros nunca llegaron a sobrepasar. “El filtro cualitativo lo realizaba el secretario general, a quien se le debían presentar los justificantes de los gastos. Unos filtros que cambiaron con el nombramiento de Miguel Blesa”, explica el juez.
