Las nuevas informaciones publicadas en torno al caso Gürtel, que demostrarían que la relación entre el presidente valenciano, Francisco Camps, y Álvaro Pérez, El bigotes, cabecilla de la trama de tráfico de influencias en Valencia, han minado un poco más la confianza de la cúpula del PP en su barón regional. Por más que las declaraciones públicas continúen siendo de arropo hacia su mayor activo en la Comunidad levantina, cada día son más las voces que se levantan en la sede de Génova para cuestionar el apoyo a Camps, que habría recibido numerosos y sustanciosos regalos del entramado de empresas liderado por Francisco Correa.
De hecho, el descontento de muchos populares, temerosos de que las posibles tropelías del dirigente regional puedan terminar salpicando al conjunto del partido, pudo entreverse ayer en las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, figura emergente de la formación conservadora.
Sin saltase las consignas oficiales de defender a Camps sin fisuras, el presidente de Galicia aseguró, sin embargo, que las nuevas revelaciones «no son para estar contentos, y lo que tenemos que hacer es aclarar qué es lo que hay, con independencia de quién sea el afectado, en este caso un compañero de partido».
El jefe del PP en la región atlántica comentó que había hablado personalmente con Camps, que quiere que haya «un juicio justo y no un juicio paralelo». Así, dijo que el levantino espera que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia actúe de inmediato y llegue «hasta lo más profundo en un Estado de Derecho para averiguar los hechos y ver la trascendencia jurídica de las acusaciones».
En cuanto a las mencionadas conversaciones entre el líder autonómico y El bigotes, cuya veracidad fue negada de plano por Camps, Feijóo consideró «muy grave» que la honorabilidad del titular de la Generalitat se haya puesto en duda como «consecuencia de las actuaciones de un sinvergüenza».
«Si un pillo se ha beneficiado de determinados negocietes y, además, lo que se pretende ahora es inculpar a personas que, de momento, no han tenido una sola mancha en su expediente, me parece doblemente grave, puesto que por las concesiones de un pillo se está hablando de la honorabilidad del presidente de una Comunidad Autónoma», denunció.
Más allá de las explicaciones, el PP se dedicó también a contraatacar y, precisamente a cuenta de las filtraciones a los medios de comunicación del contenido de un sumario que el juez tiene declarado secreto, el vicepresidente del gobierno valenciano Juan Cotino, reclamó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que investigue «cómo» se está utilizando a algunos policías, que «funcionan al dictamen del Gobierno».
En el mismo asunto abundó la portavoz popular de Justicia en las Cortes levantinas, Asunción Quinzá, quien consideró «incomprensible» que el Gobierno «calle» mientras el cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, «reclama que se investiguen las filtraciones sobre casos judiciales», puesto que, con tales palabras, «está reconociendo la vulneración del secreto sumarial». Como conclusión, la conservadora criticó que «nadie está haciendo nada al respecto de algo tan escandaloso».
