Familiares de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, englobados en el grupo Altsasu Gurasoak, y la plataforma Altsasukoak Aske, consideraron que la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas 2 y 13 años de cárcel, “demuestra su afán de venganza” y destacaron que “seguiremos en la batalla jurídica”.
Representantes de ambos colectivos celebraron ayer una rueda de prensa en Pamplona en la que leyeron, en castellano y euskera, un comunicado en el que lamentaron que “llevamos dos años y medio desde que nos metieron en un túnel de sufrimiento y dolor en el que no podemos ver la luz”.
Afirmaron que la Audiencia Nacional “no es un órgano de justicia” y consideraron que en la reciente sentencia “se demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad”.
Una sentencia que “vuelve a castigar a nuestros jóvenes con condenas claramente desproporcionadas”. “Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad las penas de tantos años de cárcel es una barbaridad”, subrayaron. “Por un tobillo roto se imponen penas de privación de libertad de 72 años, hay delitos mucho más graves que reciben penas menores”, remarcaron.
En este sentido, apuntaron que “en el mismo año que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad” y “ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos”.
Los familiares de los condenados rechazaron “la utilización torticera de la calificación de terrorismo que realizó la Audiencia Nacional, con la juez instructora Lamela como responsable máxima” y que, aseveraron, “buscaba distorsionar el procedimiento judicial para poder imponer un castigo vengativo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra”. “No se les condena por terrorismo pero se les impone penas como si fueran terroristas, todo esto ha sido y es un abuso de poder”, censuraron.
mentiras
Por otro lado, hicieron hincapié en una “evidencia que echa por tierra toda la sentencia y cuestiona la veracidad del relato de las acusaciones” y que demuestra, aseguraron, “que los denunciantes han mentido e introduce serias dudas sobre la veracidad del relato”.
Se refirieron de esta manera a un vídeo que recoge “los instantes posteriores a los hechos encausados y donde se observa al sargento de la Guardia Civil buscando a personas que participaron en los hechos”. “No se le ha dado suficiente relevancia al hecho de que cuando está buscando a sus supuestos agresores en el vídeo se observa que se encuentra cara a cara con tres de las personas imputadas en este caso y no los identifica como agresores”, resaltaron. “Si no los identifica instantes después de los hechos teniéndolos cara a cara, cómo es posible que los reconozca en unas ruedas de identificación días después o a través de fotos”, se preguntaron.
