La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró ayer que su departamento ha cumplido en esta primera mitad de la legislatura con 80 de los 96 objetivos previstos para este mandato, lo que supone el 83,3 por ciento del total, y añadió que los 16 restantes se completarán en el plazo previsto.
Blanco compareció en las Cortes para presentar el balance de estos dos primeros años de gobierno.
La consejera aludió al índice DEC que este jueves ha hecho público su informe de 2023, que sitúa a Castilla y León de nuevo como líder en Servicios Sociales.
Respecto a los cuidados de larga duración para mayores, dependientes y personas con discapacidad, Blanco reseño que Castilla y León no tiene lista de espera para acceder a las ayudas de la dependencia y prometió trabajar para que las solicitudes produzcan efectos económicos a partir del primer mes, frente a los dos actuales.
Familia pretende aprobar este año una nueva estrategia de mayores, “más ambiciosa” y ligada a la lucha contra la soledad no deseada y el nuevo modelo de cuidados de larga duración. La actual, dijo, ha cumplido el 91 por ciento de los objetivos marcados.
Además, indicó que están trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad para las personas con discapacidad, que incluye un Plan de Accesibilidad, que se aprobará este año. También, indicó que están trabajando en la ley de infancia y adolescencia, que aseguró dará un impulso a los acogimientos familiares y a la mejora e incentivación de la adopción.
Aludió a la puesta en marcha del Carné 60 Castilla y León, un programa que va a permitir a las personas de más de 60 años de la Comunidad acceder a descuentos, servicios, actividades, ventajas y promociones, similar al carné joven.
También aludió a las mejoras puestas en marcha para los enfermos de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y añadió que casi 200 personas son atendidas actualmente dentro del sistema de la dependencia y 102 se han adherido al protocolo ELA para su incorporación al programa Intecum.
Por otra parte, Blanco aseguró que están orientando las acciones a incrementar la cobertura de población en riesgo de pobreza a través de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.
También defendió de nuevo que la percepción de una renta mínima debe estar condicionada a la escolarización de los menores, a la aceptación de las ofertas de trabajo o a la formación laboral.
